Interior deberá indemnizar a la familia de un guardia civil asesinado en Granada al ser insolvente el autor

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia histórica contra el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. El fallo ha reconocido el derecho de la familia del guardia civil asesinado en Huétor Vega (Granada), José Manuel Arcos, a recibir una indemnización de 334.200 euros, después de que el condenado por su muerte se declarara insolvente.

La sentencia ha estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la viuda del agente Arcos y sus hijos contra la resolución del 18 de octubre de 2022, y entiende que «la normativa aplicable al resarcimiento por daños personales a un guardia civil incluye al lesionado y, en caso de fallecimiento, a sus herederos».

El letrado que representa a la familia del agente Arcos, Javier López y García de la Serrana, director del bufete jurídico HispaColex y especialista en reclamaciones de indemnizaciones al Estado, ha señalado que la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional «nos ha dado la razón en una novedosísima sentencia, de la que se beneficiarán otras viudas de guardia civiles cuyas reclamaciones están pendientes de resolución».

En concreto, según ha detallado este lunes el letrado granadino, son cinco las familias que se podrán beneficiar: las de los dos guardias civiles asesinados por Igor el Ruso, la familia del teniente coronel de la Unidad Especial de Intervención asesinado y las de los dos agentes de la Benemérita de Barbate, en referencia a Víctor Romero, Víctor Jesús Caballero, Pedro Alfonso Casado, David Pérez y Miguel Ángel González.

Contra la sentencia, que ha sido dictada después de la votación y fallo fechado para este pasado 23 de septiembre, cabe recurso de casación en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.

Lucha judicial fue una durísima prueba

La Audiencia Provincial de Granada condenó al hombre responsable de la muerte del agente Arcos, un delincuente común conocido como el 'Kiki', a una pena de 22 años y medio de prisión, después de que en la madrugada del 15 de octubre de 2018 arrebatara el arma reglamentaria al guardia civil tras una persecución y durante el forcejeo le pegara un tiro que acabó con su vida.

Una vez que la Audiencia de Granada declaró la insolvencia del condenado para hacerse cargo de las indemnizaciones, la viuda y los hijos del agente Arcos recurrieron al Ministerio del Interior, que rechazó asumirlas con el «argumento de que no son víctimas directas».

La «lucha judicial» emprendida por la viuda y los hijos del agente Arcos suponía así «una durísima prueba, tanto emocional como psicológica», que se sumaba a la trágica pérdida del padre de familia y al proceso penal que se vivió tras su muerte. Por ello, desde el despacho que les representa se remitió un escrito en el que se solicitaba a la Sala de la AN que agilizara la votación y fallo de la sentencia por «razones psicológicas y humanitarias».

Perjuicios sufridos deben ser resarcidos

El letrado argumentaba que de todo el elenco legislativo existente se derivaba «sin discusión que, los perjuicios sufridos por guardias civiles o por agentes de Policía de cualquier clase que sufran lesiones o daños en acto de servicio como consecuencia de acciones ilícitas de las personas sobre las que ejercen, sin culpa o negligencia propia, las funciones que son propias de su cargo, deben ser resarcidos por la Administración, mediante el principio del resarcimiento o de indemnidad, que rige para los empleados públicos cuando actúan en el ejercicio su cargo».

A ello sumaba que la sentencia 1003/2020 de 15 de julio de 2020, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, aclara que los daños causados por el delincuente declarado insolvente se deben resarcir directamente al lesionado o a sus herederos, por lo que, según recalcaba, carecía «de sentido y lógica negarle la indemnización a la viuda e hijos del Guardia Civil José Manuel Arcos, con el argumento de que no son víctimas directas».