La falta de calabozos en Roquetas obliga a la Guardia Civil a trasladar detenidos a más de 20 kilómetros

La Guardia Civil se ha quedado sin calabozos en Roquetas de Mar, una de las ciudades más conflictivas de España. La Policía Local ha dejado de colaborar en la custodia de los detenidos, obligando a los agentes de la Benemérita a trasladar a los arrestados a otras localidades, con graves consecuencias para el servicio, ante lo cual la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) ha elevado una queja al Defensor del Pueblo.

El 1 de julio se consumó la ruptura de la colaboración entre ambas instituciones en la custodia de los detenidos. Hasta entonces, la Guardia Civil, cuyo cuartel carece de calabozos disponibles, había podido usar las celdas de la comisaría de la Policía Local. Esto dejó de ser así a raíz del cambio de protocolo de la Policía Local, que habría dejado de asumir la custodia de los arrestados una vez que estos son asistidos por un letrado.

Más de 1.000 detenciones y 10.000 diligencias al año dan cuenta del volumen de trabajo que ya soportaban los guardias civiles en Roquetas de Mar. Según la AUGC, esta ruptura supone una sobrecarga insostenible para los agentes, que ahora se ven obligados a realizar traslados hasta la Comandancia de Almería, situada a más de 20 kilómetros de Roquetas, o incluso a municipios más alejados, como Adra o Garrucha, cada vez que detienen a alguien.

Cada traslado hasta Almería supone perder una patrulla durante al menos una hora, lo que deriva a su vez en una «pérdida alarmante» de efectivos policiales en las calles de Roquetas, dejando zonas desatendidas durante largos periodos, y en un aumento «injustificado» del tiempo de privación de libertad de los propios detenidos, con el consiguiente riesgo de vulnerar derechos fundamentales.

Además, la asociación ha puesto el foco en el deterioro del bienestar de los agentes. La falta de vehículos adecuados, la saturación del parque móvil, junto con los continuos traslados, han generado una presión constante sobre ellos. En los últimos meses, se han registrado varios casos de bajas por ansiedad como consecuencia de esta sobrecarga.

El incremento de la llegada de inmigrantes ilegales ha agravado aún más el escenario. Según los datos aportados por la AUGC, este verano se ha registrado un aumento del 30 % en las intervenciones relacionadas con entradas irregulares por la costa, lo que obligó a destinar más personal a los servicios de vigilancia marítima y terrestre.

Los agentes denuncian que, mientras la presión crece, los recursos son prácticamente los mismos en cantidad y, en muchos casos, cada vez más deteriorados. La falta de vehículos con mampara para garantizar traslados seguros, unida a los problemas de mantenimiento de las unidades, convierte cada desplazamiento en una «operación de riesgo» para los profesionales.

Ante este panorama, la AUGC ha solicitado la intervención urgente del Defensor del Pueblo para recopilar datos oficiales y evaluar el impacto real de la ruptura del protocolo de custodia. Reclaman información precisa sobre el número de traslados realizados desde julio, el tiempo medio empleado y las condiciones en las que se llevan a cabo, con el objetivo de visibilizar una situación que consideran de una crisis de emergencia operativa.