El Gobierno andaluz plantea considerar atentado a la autoridad las agresiones a profesores

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía promoverá en la Fiscalía que ésta califique como atentado a la autoridad las «agresiones, intimidaciones graves o resistencia activa grave» que se produzcan contra los docentes. Cuando los hechos «pudieran ser constitutivos de infracción penal, la Administración educativa los pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal».

Se trata de una de las medidas por las que apuesta el departamento que dirige María del Carmen Castillo en el proyecto de decreto que desarrolla la Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado, que se estructura en tres capítulos, cinco disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

Las agresiones que se atienden en este decreto abarcan desde las que se producen dentro del centro escolar hasta el ciberacoso a los profesores. Los docentes que sean agredidos recibirán asistencia jurídica y apoyo psicológico gratuitos, en la misma línea que ocurre con los sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Esta asistencia jurídica podrá prestarla un funcionario del Cuerpo de Letrados de la Junta (tiene que haber asignación o desestimación en el plazo máximo de tres meses), un profesional que facilite la Consejería o uno que elija el profesor agredido.

Unidad de Apoyo al Profesorado

En cuanto a la asistencia psicológica, esta se articulará a través de la nueva Unidad de Apoyo al Profesorado. Habrá una en cada provincia y estará orientada a la información de «todos aquellos aspectos relacionados con la asistencia jurídica y psicológica contemplados en el decreto».

Esta unidad realizará funciones de «protección, gestión, asesoramiento, apoyo y atención al profesorado, que atenderá cada caso de forma individual en función de la problemática que se plantee, poniendo en conocimiento del personal afectado las acciones concretas que pudieran emprender». Estará adscrita a la Secretaría General Provincial de cada delegación territorial con competencias en materia de educación no universitaria. Tendrá que publicar una memoria anual de su actividad.

Por último, el proyecto de decreto anuncia la publicación de unas bases reguladoras de premios y distinciones educativas al profesorado que haya destacado en su labor por ser innovadores, «inspiradores para despertar en el alumnado la pasión por aprender, por su calidad y dedicación continuada a las tareas y actividades docentes, por la innovación en la mejora de la convivencia en los centros o la visibilización y valoración positiva de la actividad profesional por parte de la sociedad».