La moda de los matrimonios forzosos refuerza la ofensiva de Vox contra el «islamismo radical» en Andalucía

En Andalucía se ha disparado últimamente el número de matrimonios entre menores. En 2022, se casaron unos 1.400 jóvenes de 16 y 17 años, una cifra que se duplicó al año siguiente. Vox atribuye este repunte fundamentalmente al «islamismo radical», por lo que ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento andaluz para exigir medidas urgentes contra estos matrimonios «forzados».

Se trata de una vía que está de moda entre colectivos de extranjeros muy concretos para obtener beneficios de residencia, reagrupación familiar, arraigo e inmigración, según Vox, que señala que «la gran mayoría de los casos detectados de matrimonios forzados se producen en el seno de comunidades islámicas», donde «muchas menores son obligadas a casarse, ya sea en territorio nacional, ya sea en sus países de origen con la excusa de un viaje familiar o unas vacaciones».

En la iniciativa se añade, además, que «se trata de niñas de entre 15 y 19 años, hijas de familias procedentes de países de África subsahariana, Marruecos, India o Pakistán, entre otros. La negativa a contraer matrimonio por parte de la menor es asumida por la familia y por la comunidad como una deshonra, que conlleva para la víctima el repudio familiar y social de la comunidad, cuando no agresiones físicas e incluso la muerte».

Vox se queja de que «en la actualidad, en Andalucía, a diferencia de otras comunidades autónomas, no existe un protocolo específico para prevenir y abordar este problema. El único protocolo existente es el de «violencia de género», que asigna a los matrimonios forzosos el mismo protocolo que otros casos como la violencia física, violencia sexual o trata».

Así las cosas, Vox reclama al Gobierno de Juanma Moreno (PP) que elabore un protocolo para la prevención y el abordaje del matrimonio forzado en el que, además, se incluya una mención específica al «islamismo radical», puesto que «en la actualidad la interpretación salafista del islam es la principal causa de matrimonios forzosos de mujeres menores de edad en el mundo y también en Andalucía».

En la PNL también se exige al Ejecutivo autonómico que haga un seguimiento especial y control de los expedientes de reagrupación familiar, «especialmente cuando la mujer es menor de edad, para verificar si ha prestado su libre consentimiento en su país de origen». Vox advierte de que estos matrimonio se consuman a menudo bajo la apariencia de legalidad, convirtiéndose en una forma de violencia invisible que vulnera los derechos de las jóvenes.

El grupo liderado por Manuel Gavira pide asimismo al Parlamento que se pronuncie a favor de «endurecer las penas previstas en los artículos 172 bis y 177 bis del Código Penal para perseguir con más eficacia los crímenes de matrimonios forzados». El objetivo es reforzar la respuesta penal frente a esta práctica, tipificada como delito desde 2015.

Otra propuesta se dirige indirectamente al Gobierno de España para que expulse de forma inmediata a los extranjeros que cometan delito de matrimonios forzados y deniegue el permiso de residencia de todos los extranjeros que hayan sido condenados por este tipo de acciones, se hallen o no cancelados los antecedentes penales o policiales, procurando siempre que cumplan las penas en sus países de origen.

El quinto y último punto de la PNL plantea una campaña institucional contra los matrimonios forzosos con dos vertientes: informar a jóvenes de comunidades en riesgo de que esta práctica es delito en España y de los recursos de asesoramiento disponibles, y formar a educadores, personal sanitario y asistentes sociales para que puedan «detectar y denunciar de oficio cualquier sospecha de matrimonio forzoso de mujeres mayores y menores de edad en Andalucía».

Vox amplía así su ofensiva contra el «islamismo radical» en Andalucía. Esta vez centra su atención en los matrimonios forzosos de menores, un fenómeno que considera creciente y ligado a determinadas comunidades. Los de Santiago Abascal insisten en que el Gobierno andaluz debe actuar con urgencia para frenar una práctica que califica de «lacra».