Agricultores andaluces reclaman un reparto «justo y social» del agua para salvar los campos familiares

En Andalucía, el 20 por ciento de las explotaciones agrarias gestionan el 80 % del agua, según ha señalado el secretario general de UPA Andalucía, Jesús Cózar. Esta situación puede llegar a ser insostenible, por el contexto de cambio climático y escasez creciente que estamos viviendo.

Esta semana, la Asociación Andaluza de Regantes (Asare) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han celebrado en Jaén una jornada de la Mesa Social del Agua de Andalucía, en la que han reclamado cambios en la gobernanza de la gestión y han planteado una serie de medidas encaminadas a un mejor aprovechamiento del recurso público, que tenga en cuenta «criterios más sociales y justos para garantizar la supervivencia de la agricultura y ganadería familiar».

Este grupo de entidades sindicales, organizaciones agrarias, universidades y colectivos medioambientales llevan trabajando ocho años para «dar voz a quienes no la tienen en la gestión del agua». El secretario general de UPA Jaén, Jesús Cózar, ha apuntado que cuando hay periodos de sequía se produce un recorte de la dotación de riego por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y de otras cuencas, que «no lo padece de igual manera una explotación familiar de 10 hectáreas, que una explotación con 1.000 hectáreas, detrás de la que, incluso, hay fondos de inversión».

En este sentido, han planteado una serie de medidas para conseguir que «en el regadío se gestione mejor el agua y que beneficie, sobre todo, a esa explotación familiar, pequeña, que vive en el pueblo y que permite que siga funcionando un modelo de agricultura social y que ese modelo tenga futuro».

Medidas concretas y ambiciosas

Por su parte, el presidente de Asare Jaén, Alfonso Moreno, ha reclamado que es necesario que el agua «no sea un motivo de desigualdad, sino un auténtico motor de desarrollo». Para ello, según Moreno, es «imprescindible una planificación hidrológica seria y rigurosa», basada en el uso sostenible del agua y en la satisfacción equilibrada de las demandas, a través de medidas «concretas y ambiciosas», como son la modernización total de los regadíos, la revisión de las concesiones, la construcción de nuevas infraestructuras, la reutilización de aguas regeneradas, la doble tarificación volumétrica y, sobre todo, «una nueva gobernanza que dé voz a los regantes».

Por su parte, la secretaria general de UGT Jaén, Pilar Gil, ha señalado también que para que el reparto de agua sea más justo y social, «es necesario que vaya vinculando a un empleo de calidad, a planes de prevención, a convenios colectivos, y a un trabajo digno, porque sin contraprestación se pueden generar, e incluso aumentar las desigualdades».

Finalmente, las diferentes organizaciones que se han reunido en este espacio han hecho un llamamiento común para que la administración incorpore estos criterios en la planificación hidráulica y avance hacia un modelo de reparto que sea más transparente, sostenible y social.