Una planta de biometano con fondos de Abu Dabi nace en Jaén bajo sospecha de «irregularidades»

Una nueva planta de biometano proyectada en la provincia de Jaén, concretamente en el municipio de Alcalá la Real, ha nacido bajo sospecha de deficiencias en su tramitación ambiental. La iniciativa ha contado desde el principio con el rechazo vecinal, pero la polémica se ha agravado tras las alegaciones presentadas por la plataforma Stop Biometano de Alcalá la Real, que denuncia «irregularidades sustanciales» en el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada.

Según esta plataforma, el proyecto, presentado por Desarrollos Bioenergéticos de Andalucía Jaén 1 SL, impulsado por Nortegas y financiado con capital de inversión de JP Morgan y fondos soberanos de Abu Dabi, presenta un problema grave en la delimitación del ámbito de actuación. Esta incongruencia afectaría a todo el procedimiento y provocaría «una absoluta incertidumbre sobre el objeto real de la autorización solicitada».

El conflicto surge porque la solicitud inicial de la empresa solo identificaba las parcelas 236 y 237 del polígono 15. Sin embargo, el proyecto técnico y el estudio de impacto ambiental amplían el ámbito a las parcelas 233, 235, 236 y 237. La discrepancia también aparece en el acuerdo de la Junta de Andalucía que abrió el periodo de información pública.

La plataforma considera que no se trata de un error menor, sino de un hecho que «afecta a la totalidad del procedimiento», ya que no queda definido con claridad el espacio sobre el que se pretende instalar la planta. Esto, según Stop Biometano, compromete seriamente el derecho de los ciudadanos a participar con información completa y veraz.

Otro punto crítico es la insuficiencia de los preceptivos informes sectoriales. Por ejemplo, el informe de compatibilidad urbanística favorable emitido por el Ayuntamiento se limita únicamente a las parcelas 233 y 235. El resto de las parcelas afectadas no cuentan con la documentación necesaria, lo que dejaría lagunas importantes en la evaluación del proyecto, situado en el paraje de La Aduana.

Además, aunque el estudio de impacto ambiental menciona la existencia de otro informe urbanístico relativo a las parcelas 236 y 237, este documento no se incluyó en el expediente sometido a información pública ni estuvo disponible para consulta ciudadana. Stop Biometano sostiene que esto «impide su consulta y valoración», vulnerando así el derecho de participación pública.

La situación es similar en lo que respecta a la resolución sobre patrimonio cultural, que solo abarca dos de las cuatro parcelas afectadas, sin pronunciarse sobre el resto. Según la plataforma, la tramitación con documentación incompleta e incongruente vulnera el derecho de acceso a la información ambiental y genera una «indefensión material» incompatible con el artículo 24 de la Constitución española.

Por todo ello, Stop Biometano solicita a la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Jaén que archive las actuaciones, al considerar que el expediente se basa en documentación «sustancialmente incongruente, contradictoria y carente de veracidad técnica». Además, de manera subsidiaria, reclaman la suspensión inmediata del procedimiento, la corrección completa de la documentación y la apertura de un nuevo periodo de información pública. «Biometano sí, pero no así», afirman.

Protesta vecinal

Más allá de esta denuncia, la plataforma lidera el rechazo mayoritario de los vecinos de Alcalá la Real, que se han manifestado en varias ocasiones, la última el pasado 30 de noviembre, contra la instalación de esta planta de biometano, similar a las proyectadas en otros puntos de la provincia, como Mengíbar, donde sus habitantes también salen a la calle recurrentemente para protestar contra la infraestructura que compromete su calidad de vida.

En este caso, los alcalaínos entienden que el proyecto pone en riesgo la salud pública, debido a los olores «nauseabundos» y las emisiones de gases; aumenta el tráfico de camiones pesados en el pueblo y ejerce una presión insostenible sobre el acuífero. Además, afectaría tanto al empleo local como al modelo productivo de la zona. «Alcalá la Real no puede ni debe convertirse en referencia de destrucción ambiental ni en ejemplo de impactos disfrazados de 'verde'», concluyen.