(Foto de ARCHIVO) La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada al hotel ilegal de El Algarrobico el pasado 10 de febrero de 2024
Se acaba 2025 pero El Algarrobico sigue ahí: la mole que Montero prometió demoler cumplirá los 20 años de vida
El próximo 21 de febrero se cumplen 20 años desde que se ordenara paralizar la construcción del polémico hotel que entonces estaba ya a punto de inaugurarse
La vicepresidenta del Gobierno incluso se atrevió a dar, en febrero de este año, el plazo de cinco meses para proceder a la demolición de la construcción
La primera promesa de María Jesús Montero nada más resultar elegida secretaria general del PSOE en Andalucía el pasado mes de enero, fue de calado. La vicepresidenta primera se presentó en la playa almeriense de El Algarrobico un mes después para anunciar que el Gobierno iba a proceder al derribo del hotel ilegal.
Allí, en lo que eran su primera propuesta de calado como candidata del PSOE-A, aseguró que el Ejecutivo central iba a tomar «medidas inmediatas» mediante la declaración de utilidad pública de las parcelas donde se ubica la construcción con la intención de proceder a la expropiación de los terrenos sobre los que el Gobierno tiene competencias.
Montero incluso se atrevió a dar el plazo de cinco meses para proceder a la demolición del hotel, si no se producía, eso sí «ninguna incidencia o interferencia». La acción sería financiada por el Gobierno de España, poniéndose así fin «al mayor atentado medioambiental» que sufrió el paraje que albergó una edificación que es vista como «el símbolo de depredación inmobiliaria» que dañan al litoral español.
A falta de dos días para que acabe el año, tampoco será en 2025 cuando se ponga fin a la pesadilla que representa El Algarrobico. El próximo 21 de febrero se celebra el 20 aniversario desde que un juez paralizara una construcción que entonces estaba a punto de inaugurarse.
Una proyecto al que dieron luz verde en 2006 tanto el PSOE de Carboneras, que entonces gobernaba el municipio en el que se iba a ubicar la mole, como la Junta de Andalucía, también en manos de los socialistas. El alcalde actual, Salvador Hernández, de Ciudadanos –pero con apoyo del PSOE– defiende un acuerdo total entre instituciones parecido al que se alcanzó para salvar del regadío irregular al Parque de Doñana.
El pasado 12 de diciembre, la Guardia Civil acudió al Consistorio almeriense para hacer entrega de una resolución del TSJA en el que se le insta a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería la documentación que modifique el Plan de Urbanismo del municipio, paso previo indispensable para devolver al suelo afectado la calificación de no urbanizable de especial protección.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía advertía de este modo al Ayuntamiento carbonero de que podría incurrir en delito si persiste el incumplimiento de la sentencia relativa al PGOU.
Más promesas
El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo insiste en la vía de la expropiación como solución para demoler el hotel conforme al anuncio realizado por la ministra de Hacienda el pasado 10 de febrero.
«La voluntad del Gobierno de España es que se ponga fin a esta situación, una situación que ya supera los 20 años de existencia», ha dicho el subdelegado a preguntas de los medios aunque sin poder precisar en qué punto se encuentra ese proceso expropiatorio que llevaría al Gobierno a adquirir la mitad del edificio, en concreto, la parte que invade el dominio público marítimo-terrestre.
Para Martín es «absolutamente necesario poner fin a esta cuestión que nunca se tenía que haber producido» y acabar así como este «monumento al urbanismo salvaje» que se alza «en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar», el cual también invade.
En este sentido, el portavoz gubernamental ha vuelto a invitar a la Junta de Andalucía a «sumarse» a la iniciativa expropiatoria en relación con la parte del hotel que se encuentra dentro de sus competencias, ya que «carece de sentido que se vaya a demoler la mitad, aunque sería posible». «Creo que ese es el camino y es una vía que nos debe de llevar más pronto que tarde a resolver esta situación», ha insistido.
El Gobierno andaluz rechazó acudir a la vía expropiatoria como método para propiciar la demolición del inmueble e insistió en la necesidad de anular la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Carboneras en 2003; una cuestión que depende del Consistorio y que aún se encuentra en trámite.
Desde el Ejecutivo se ha defendido la necesidad de ocupar la parte de la construcción que invade la zona de servidumbre, esto es, los cien metros de anchura en el tramo litoral, para así poder proceder a la expropiación forzosa. Para ello, se fijó inicialmente el plazo de cinco meses desde febrero, aunque el proceso, finalmente, se ha acabado dilatando.
