Piden la dimisión del alcalde socialista de un pueblo granadino por un presunto pago ilegal de deudas públicas

El Partido Popular ha denunciado públicamente al Ayuntamiento de Íllora por «intentar aprobar un acuerdo ilegal para pagar deudas judicialmente reconocidas» de la empresa pública del suelo de este municipio, situado en el Poniente de Granada. Ante esta situación, los populares han exigido la dimisión del alcalde socialista, Antonio Salazar.

Según ha indicado este miércoles la portavoz local del PP, Rosa Fuentes, el equipo de gobierno local socialista «pretende aprobar al margen del pleno municipal un acuerdo ilegal para afrontar estas deudas de manera absolutamente irregular y con el único objetivo de blindar jurídicamente a sus verdaderos responsables».

La concejal granadina ha señalado que el documento que ha dicho se pretende someter a votación «reconoce que la vía planteada no es legal ni viable, admite que la empresa municipal no cuenta con CIF y que es imposible recibir fondos públicos, además de prever informes jurídicos desfavorables y reparos de Intervención».

Para Fuentes, «el alcalde pretende que la oposición avale un procedimiento que el propio equipo de gobierno admite públicamente que es ilegal, y todo para tapar su incapacidad para gestionar y pagar a proveedores. Está muy claro que el objetivo no es resolver el problema, sino protegerse de futuras responsabilidades legales».

«Una trampa del alcalde»

La portavoz popular ha apuntado que «el PP no va a participar en este juego que supondría dar un cheque en blanco al alcalde, que solo tiene una salida: dar un paso al lado y presentar su dimisión. No vamos a permanecer callados ante este atropello jurídico, que pone como excusa la situación de los acreedores de la empresa pública de suelo para justificar una ilegalidad manifiesta».

Fuentes ha concluido preguntándose qué tiene que decir la dirección provincial del PSOE «ante esta trampa del alcalde y presidente del Consorcio Vega Sierra Elvira para eludir su responsabilidad legal y política, mientras los proveedores siguen sin cobrar».

Respuesta del ayuntamiento

Por su parte, el alcalde de Íllora, Antonio Salazar, ha salido al paso de las declaraciones de la «nueva portavoz» de los populares en el municipio, Rosa Fuentes, para apuntar que «fue su partido quien creó en 2005 la Empresa Pública del Suelo de Íllora (EPSI), durante el gobierno tripartito surgido de la moción de censura impulsada por el propio PP».

Salazar, a quien Fuentes ha pedido que dimita por este asunto, ha señalado que aquella decisión tuvo «consecuencias muy negativas para el municipio, pues supuso una importante pérdida de patrimonio público, tras el derribo de espacios tan emblemáticos como la antigua biblioteca municipal o los jardines públicos anexos, y la desaparición de servicios esenciales para la ciudadanía, como la guardería o la biblioteca pública».

«Esperamos que el PP no recurra a mentiras, engaños ni al juego sucio para intentar conseguir en los despachos lo que no ha logrado en las urnas desde 2015», ha advertido el regidor ilurquense, quien ha señalado que la solución planteada no era «ilegal», tal y como afirma el PP «faltando a la verdad».