Revés judicial al PSOE y Podemos: archivan la causa de los contratos de emergencia de la sanidad andaluza

Revés judicial al PSOE andaluz y Podemos. La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 13 de Sevilla ha decretado el archivo de la causa abierta por los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia tras las denuncias presentadas por socialistas y morados contra la actual gerente del SAS, Valle García, y sus dos inmediatos antecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, por presunto delito de prevaricación.

El auto, dictado el pasado jueves 22 de enero, concluye que «no existen indicios de la perpetración de delito». Según el juez, las actuaciones practicadas no permiten avanzar en la investigación, ya que «no existen diligencias que resulten relevantes o pertinentes por cuanto serían inútiles en orden a acreditar unos hechos que en sí mismos carecen de relevancia penal».

En este contexto, el magistrado rechaza expresamente la petición del PSOE-A de recabar un informe pericial de la Intervención General del Estado, toda vez que «no existen elementos o principios de prueba que avalen razonablemente la posible existencia de delito» y que prolongar la instrucción «vulneraría el sistema constitucional de derechos y libertades», al impedir investigaciones prospectivas sin fundamento real.

El auto, de 23 folios, señala que «la existencia del delito tiene que apoyarse en otros elementos de intenso valor incriminatorio y en este caso no se detectan». Más allá de los reparos formulados por la Intervención General de la Junta, el juez recuerda que este órgano consideró que «no procedía un propuesta de informe de actuación».

Respecto a la prórroga de la contratación de emergencia más allá de la pandemia, el magistrado sostiene que «no puede concluirse que la finalidad fuera elusión de las normas de orden público de la contratación». A su juicio, estas decisiones respondían a «necesidades perentorias derivadas de la necesidad de la continuidad de la prestación», condicionadas por el grave retraso generado por la crisis sanitaria.

El juez descarta que existiera «actuación arbitraria» o «abuso de poder» e indica que «no solo se emitieron memorias justificativas económicas e informes jurídicos», sino que la contratación se realizó con empresas habituales del SAS. Además, subraya que no consta impugnación alguna ni perjuicio económico, «ni por exceso de gasto ni por pérdida de fondos europeos».

En la misma línea, el auto afirma que «resulta, cuando menos, jurídicamente discutible que la modificación del control previo al control financiero permanente supusiera una minoración de garantías». Por el contrario, señala que esta medida permitió «una mayor agilidad y eficacia en la gestión de los recursos públicos» en un contexto excepcional como el vivido durante la emergencia sanitaria.

La causa se inició en septiembre de 2024, tras una denuncia de la treintena de parlamentarios del PSOE andaluz contra Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas que fue ampliada poco después contra la actual gerente del SAS, Valle García, por supuestas irregularidades (delito de prevaricación) en la contratación de emergencia entre 2021 y 2024. La querella, a la que posteriormente se sumó Podemos, cifraba en 242 millones de euros el valor de los contratos en cuestión.

Tras varias declaraciones de investigados y testigos, y apenas 48 horas después de comparecer altos cargos de la Junta, entre ellos la actual consejera de Medio Ambiente y exconsejera y exviconsejera de Salud, Catalina García, el juzgado ha cerrado una investigación en la que, según el magistrado, las actuaciones «podrán ser discutibles», pero «no son groseramente ilegales».

El PSOE andaluz ya ha anunciado que recurrirá el archivo de la causa, «al entender que se mantiene el delito de prevaricación». «Nadie duda de la urgencia inicial de la pandemia, pero el Gobierno de la Junta prolongó la contratación a dedo de forma arbitraria y sin cobertura legal mucho después de que decayera dicha emergencia», afirman los socialistas en un comunicado.

El PP-A celebra el archivo

El PP andaluz, por su parte, está de celebración por este archivo. Su secretario general, Antonio Repullo, ha manifestado este lunes que la decisión del juzgado de Sevilla sobre los contratos de emergencia suscritos por del SAS durante la pandemia pone de manifiesto que todo fue un «invento» del PSOE andaluz y Podemos, las formaciones denunciantes.

«Hoy se demuestra que han usado una tragedia como el covid, con más de 16.000 víctimas en Andalucía, con el único objetivo de ganar votos», ha indicado Repullo, quien también ha acusado a la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, de vivir «en la mentira». «Es capaz de desacreditar a todo el sistema público y a los sanitarios con tal de sacar beneficio político», ha concluido.