Marruecos y Argelia envían siete de cada diez menores que saturan los centros de acogida de Andalucía

Los centros de protección de menores de Andalucía se encuentran actualmente al límite de su capacidad. Esta situación se debe a la presión ejercida por la llegada de menores extranjeros no acompañados, vulgo menas, especialmente desde Marruecos y Argelia.

En el primer semestre de 2025, de enero a junio, según las cifras facilitadas por la consejera de Inclusión Social, Loles López, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, los centros de menores de Andalucía atendían a 456 menas, un dato que refleja el impacto directo de las rutas migratorias del Mediterráneo y la dificultad de absorber llegadas cada vez más frecuentes con recursos limitados.

De ese total, 170 eran marroquíes (37,2 %), y 151, argelinos (33,11 %). Estas cifras sitúan a Marruecos y Argelia como origen de siete de cada diez menas atendidos en Andalucía. Además, confirman una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años y que ahora se intensifica con un peso cada vez mayor de Argelia en el conjunto de las llegadas de pateras a la Península, que en 2025 recibió a 7.787 inmigrantes por vía marítima.

Andalucía nota esta presión migratoria, especialmente Almería, que se ha consolidado como puerta de entrada de inmigración ilegal desde las costas del Magreb. Las llegadas por vía marítima –en patera o incluso narcolancha– a esta provincia han crecido alrededor de un 25 %, lo que ha tenido un efecto directo en la ocupación de los centros de acogida y en la necesidad de ampliar plazas de forma urgente.

Tras Marruecos y Argelia, los países con mayor número de menores atendidos son Gambia, con 52, y Senegal, con 39, ambos a unos 4.000 kilómetros de Andalucía. El perfil del mena acogido en los centros de protección andaluces es un varón de 17 a 18 años. De los 456 menores contabilizados en el primer semestre de 2025, 425 eran niños y solo 31 eran niñas.

Estos datos no tienen en cuenta a aquellos personas mayores de edad que ha trasladado el Gobierno de España hasta Andalucía como si fuesen menores a lo largo de los últimos meses y son también atendidos en los centros de acogida de la Junta.

La Consejería de Inclusión Social reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez en febrero del año pasado hasta 16,8 millones de euros por la atención de 567 falsos menas. En noviembre elevó la cifra a 700. Antes, en junio, la Junta de Andalucía interpuso –como otras comunidades– un recurso de inconstitucionalidad el reparto de menores decretado por el Gobierno.

Más gasto en plazas de acogida

En este contexto, el Gobierno de Juanma Moreno dio luz verde el pasado 2 de diciembre a una nueva contratación de plazas de acogimiento residencial para menores extranjeros no acompañados bajo tutela de la Junta de Andalucía. La autorización permitía a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad licitar hasta 440 plazas en distintas provincias andaluzas.

La decisión se basó en que la Administración autonómica «no dispone de los medios humanos y materiales necesarios y suficientes para llevar a cabo el desarrollo de la actividad que se propone y, por ello, es necesario licitar la referida contratación». De este modo, la Junta recurre a entidades externas para garantizar la prestación de este servicio especializado.

El contrato autorizado tiene un importe inicial de 36,95 millones de euros, IVA incluido, y una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos ejercicios. En caso de ampliarse el periodo completo, la Junta calcula que el valor total del contrato alcanzaría los 70,28 millones. Además, el Gobierno andaluz prevé aumentar progresivamente la oferta hasta llegar a 690 plazas.

De las 440 plazas inicialmente previstas, la mitad se concentrarán en las provincias de Granada y Cádiz, que contarán con 128 y 112 plazas, respectivamente. Según la documentación analizada por el Consejo de Gobierno, el 63 % de estas plazas, un total de 280, se destinarán a programas de inserción sociolaboral, mientras que las 160 restantes serán de recepción y primera acogida.

En la memoria justificativa del contrato, la Junta fundamenta la distribución territorial de los recursos en «la modificación de las rutas migratorias», que ahora afectan no solo a Granada y Cádiz, sino también a Almería y Málaga. A estas provincias se suma Sevilla, donde se constata «la constante llegada de personas menores migrantes», lo que refuerza, según el Gobierno de Moreno, la necesidad de extender los centros de acogida a toda la comunidad autónoma.