Precinto de una parcela ilegal en Chiclana de la Frontera (Cádiz), en una imagen de archivo

Precinto de una parcela ilegal en Chiclana de la Frontera (Cádiz), en una imagen de archivoAyuntamiento de Chiclana

Andalucía pone coto a las parcelas ilegales y deja atrás la pasividad del PSOE en la inspección urbanística

La Junta abrió en 2025 expedientes sobre 484 edificaciones, 12 veces más que en 2018, último año de gobierno socialista

El Gobierno de Juanma Moreno sigue decidido a poner coto a la construcción de edificaciones ilegales sobre suelo rústico. Según el último balance de inspección urbanística y ordenación del territorio, en 2025 se realizaron 1.986 actuaciones, destacando el uso de precintos, una práctica inexistente antes de 2019.

La estrategia de la Junta se centra en la intervención temprana frente a las construcciones ilegales. Desde la entrada en vigor de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (LISTA), allá por 2021, se han practicado 1.590 precintos. En 2025 se precintaron 351 edificaciones o parcelas, una cifra algo inferior a la de 2024 pero similar a las registradas en 2022 y 2023.

Además, se realizaron más de 400 reprecintos para garantizar que las parcelas previamente intervenidas no volvieran a ser ocupadas. Con estas acciones, el total de actuaciones sobre construcciones ilegales en 2025 superó las 700, combinando precintos iniciales y seguimientos posteriores para mantener la legalidad en el suelo rústico.

La inspección autonómica levantó 612 actas y abrió expedientes sobre 484 edificaciones, 12 veces más que en 2018, último año de gobierno socialista, bajo la presidencia de Susana Díaz. Estas actuaciones incluyen la colaboración con la Fiscalía, la jurisdicción penal, las fuerzas de seguridad y otros organismos sectoriales. Así, en 2025 se emitieron también 160 informes periciales relacionados con delitos urbanísticos, una cifra récord que refleja la coordinación institucional en la protección del territorio.

En el ámbito sancionador se iniciaron 155 procedimientos y 178 multas coercitivas, ingresando así la Junta de Andalucía más de 4,2 millones de euros. Estas medidas han generado un cambio de comportamiento en los infractores, que han optado por la autodemolición de 54 edificaciones en 2025, que van desde vallados y casetas hasta piscinas y construcciones completas que habían sido levantadas ilegalmente sobre suelo rústico.

Refuerzo de la inspección

La Consejería de Fomento ha reforzado la inspección autonómica mediante una mayor descentralización y planificación de las actuaciones. Todas se realizan siguiendo el Plan General de Inspección Territorial y Urbanística 2023-2026. Asimismo, se ha iniciado la tramitación de un nuevo reglamento para modernizar las funciones de la inspección y mejorar la eficacia de las intervenciones en todo el territorio andaluz.

Según la Junta, el uso de precintos y reprecintos, junto con sanciones y autodemoliciones, ha permitido consolidar un modelo más activo y coordinado en la protección del suelo rústico. La combinación de medidas preventivas y coercitivas ha contribuido a reducir la reincidencia y a garantizar que las actuaciones tengan un efecto duradero sobre la ilegalidad en el territorio.

Además, para proteger al personal inspector, se han implementado medidas de seguridad como la firma anonimizada de documentos oficiales, que reemplaza el nombre por un número de identificación profesional. Esta iniciativa busca reducir la exposición de los inspectores ante posibles situaciones de riesgo durante las intervenciones en parcelas ilegales o zonas conflictivas.

En síntesis, durante 2025, la Junta de Andalucía reforzó las actuaciones sobre edificaciones ilegales. Los datos muestran un incremento significativo de la actividad respecto a la época final de gobierno del PSOE, con continuidad en la supervisión y control de las intervenciones realizadas en el territorio.

comentarios
tracking

Compartir

Herramientas