Rafael Pineda, ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, a su salida de los juzgados, en segundo término
Los presuntos «chanchullos» del socialista Pineda con el narco: «¿Qué pensarán los policías y guardias civiles?»
El exjefe de Gabinete de Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía, y mano derecha de Gómez de Celis, vicepresidente del Congreso, mantenía conversaciones con empresarios vinculados al narcotráfico
del pelotazo urbanístico al compadreo con el narco desde un organismo que precisamente controla a los que luchan contra esa lacra, los policías y los guardias civiles. La reciente detención por parte de la UCO de Rafael Pineda –este mismo miércoles el ex jefe de gabinete de Pedro Fernández quedaba momentáneamente libre– va más allá de su relación con una investigación vinculada a una operación urbanística. Y es que en el foco de la Unidad Central Operativa no solo está el mencionado solar de titularidad pública del que pudo sacar beneficios irregulares.
Cuando los investigadores de la Guardia Civil intervinieron su correo corporativo durante su etapa en la Delegación del Gobierno –puesto del que dimitió el pasado mes de septiembre–, las pesquisas se centraban en posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Pineda, cercano al actual vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y con una larga relación con el PSOE sevillano al ocupar cargos con Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde, podría haber realizado también gestiones para terceros en administraciones públicas a cambio de contraprestaciones económicas.
La Guardia Civil ha incluido en sus informes conversaciones interceptadas que mantenía con personas vinculadas al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. En particular, la investigación apunta a la relación entre Pineda y un empresario del narco, David R. M.
Además de a Pedro Fernández, el hombre del Ejecutivo en la comunidad autónoma, la causa de Pineda salpica al alcalde socialista de Gines, Romualdo Garrido, al que el juez ha citado como investigado por si hubiera recibido tratos de favor por parte de este, que habría presionado a una trabajadora este Consistorio para adelantar la reapertura de un restaurante propiedad de un narco.
Urgen respuestas
La situación ha llegado a oídos del PP-A, cuyo portavoz parlamentario, Toni Martín, ha urgido «respuestas» a la Delegación del Gobierno en Andalucía y al ministro Marlaska por este «escándalo insuperable».
Así, el popular ha asegurado que el «pelotazo urbanístico» por el que se investiga a Pineda desvela su participación en conversaciones donde «chanchullaba con los narcos» mientras fue jefe de Gabinete de Pedro Fernñandez, al que ha exigido explicaciones, así como a Rodríguez Gómez de Celis.
Martín se ha preguntado «qué pensara un policía nacional o un guardia civil» de los que «se tienen que jugar la vida cada día en nuestras costas» del hecho de que «el organismo que les coordina», es decir, la Delegación del Gobierno”, tiene a uno «de sus máximos responsables haciendo favores» a presuntos narcotraficantes.
«La sospecha que ahora nace es si le pagaban a ese señor desde esas redes del narcotráfico», ha lamentado. «Si la Delegación del Gobierno maneja la información de la Guardia Civil y la Policía, urgen respuestas, ya que ese señor ha sido mano derecha del señor Celis y cabeza visible del sanchismo en Andalucía».