Imagen de las obras de reparación de la vía en Adamuz (Córdoba) tras el siniestro
La jueza de Adamuz pide a Adif que se abstenga de hacer trabajos en las vías sin preaviso de 15 días
En concreto, las actuaciones previstas consistían en cambiar 36 metros de carril durante la noche comprendida entre los días 3 y 4 de marzo
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, encargada de investigar el accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 46 personas, ha ordenado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) que no realice trabajos en el tramo afectado sin informar previamente al órgano judicial con una antelación mínima de 15 días.
En una providencia, la magistrada establece que Adif deberá «abstenerse de realizar tareas de mantenimiento y otras que afecten a la red ferroviaria, tramo de Adamuz, sin preaviso a este órgano judicial con quince días de antelación a su fecha de realización y condicionada la realización de los trabajos a previa autorización judicial». De este modo, cualquier intervención que pueda modificar el estado de la infraestructura ferroviaria en ese punto quedará supeditada a la autorización expresa del juzgado, con el objetivo de preservar las condiciones necesarias para el avance de la investigación. Este aviso llega después de que Adif se llevase, sin autorización judicial, material y pruebas de un accidente en el que podría terminar investigada.
La decisión judicial se adopta tras recibir un correo electrónico enviado por Adif el pasado 2 de marzo de 2026. En ese mensaje, la entidad pública informaba de su intención de llevar a cabo diversas labores de mantenimiento en el tramo de Adamuz.
En concreto, las actuaciones previstas estaban programadas para ejecutarse durante la noche comprendida entre los días 3 y 4 de marzo. Según la comunicación remitida al juzgado, estos trabajos consistían «en el cambio de una sección de carril de 36 metros de longitud en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2». Se trata de una intervención que, aunque de carácter técnico y rutinario en el mantenimiento de la red, podría afectar a elementos relevantes para el análisis de las causas del siniestro.
La magistrada considera necesario, por tanto, garantizar que cualquier modificación en la zona investigada se realice bajo supervisión judicial. Esta medida busca evitar que posibles pruebas o indicios relevantes para esclarecer lo sucedido puedan alterarse o desaparecer antes de que se completen las diligencias pertinentes.
Las cajas negras
En paralelo a las actuaciones judiciales, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) continúa avanzando en el análisis técnico del siniestro. Este jueves, el organismo examina el contenido de las cajas negras de los dos trenes implicados en el accidente, una información que puede resultar determinante. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Montoro ya autorizó el pasado lunes, 2 de marzo, el acceso a estos dispositivos de registro, así como la extracción y el posterior análisis de los datos almacenados. Los equipos trabajan con las cajas negras de ambos convoyes accidentados: uno perteneciente a la compañía Iryo y otro operado por Renfe.
Asimismo, la autorización judicial incluye el examen de las cámaras de seguridad instaladas en el interior del tren de Iryo, cuyo material podría aportar imágenes relevantes de los instantes previos al accidente. Estas grabaciones, junto con los datos técnicos recogidos por los registradores de los trenes, constituyen elementos clave para determinar la secuencia de hechos previos el siniestro.
