Un ayuntamiento de Almería recurrirá a detectives para frenar las «simulaciones» en las bajas de su plantilla

El Ayuntamiento de Garrucha (Almería) ha negociado con los sindicatos un reglamento para los procedimientos internos de inspección y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal de su personal que regulará la contratación de detectives para el control de las bajas de su plantilla.

Según han trasladado a EFE fuentes municipales, esta normativa regulará el control de las bajas y fijará límites estrictos al uso excepcional de detectives privados con el objetivo de evitar el fraude garantizando a su vez la privacidad.

El nuevo texto, fruto del diálogo social y pendiente de su aprobación definitiva en el Pleno, precisa que la intención no es «perseguir al trabajador, sino proteger los recursos y fondos públicos frente a simulaciones y abusos, respetando las competencias de los servicios de salud».

Para evitar controles arbitrarios, la normativa prohíbe de forma explícita las investigaciones preventivas, rutinarias o masivas. De este modo, únicamente se podrá contratar a investigadores privados cuando existan indicios previos, objetivos y específicos de que se está cometiendo un fraude o una actividad que resulte incompatible con la situación de baja.

Además, se establecen límites materiales rígidos como la prohibición a los detectives de captar imágenes, vigilar o seguir a los empleados en el interior de jardines, terrazas, domicilios o cualquier otro espacio con expectativa de privacidad. El hecho de que estas zonas reservadas sean visibles desde la calle no otorgará legitimidad para grabarlas, ha matizado el texto.

Para asegurar la máxima garantía de legalidad, cada investigación deberá estar respaldada por un acuerdo motivado y contar con una Evaluación de Impacto (EIPD) que haya sido validada por el Delegado de Protección de Datos. La normativa establece que toda prueba obtenida que vulnere estos límites será declarada ilícita.

Asimismo, el reglamento garantiza que, ante cualquier sospecha, se abrirá un procedimiento contradictorio que salvaguardará la presunción de inocencia y el derecho de defensa del empleado.