Qué supone para Granada la situación excepcional por los terremotos

La serie de terremotos que golpea Granada desde mediados de agosto está a punto de dar un nuevo paso desde la emergencia hacia la reconstrucción. El Consejo de Gobierno de la Junta prevé declarar este martes la situación excepcional en los municipios afectados, una figura que permitirá activar un mecanismo extraordinario de ayudas para reparar los daños provocados por los seísmos.

La decisión se ampara en el Decreto 277/2023, creado precisamente para que los ayuntamientos especialmente afectados por catástrofes o fenómenos naturales puedan acceder con mayor rapidez a financiación autonómica. El acuerdo deberá concretar qué municipios quedan incluidos, qué daños pueden recibir fondos, el periodo temporal cubierto y el importe máximo disponible para cada localidad.

En el caso de Granada, la propuesta abarca las incidencias provocadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre, después de varias semanas de temblores que han dejado viviendas desalojadas, edificios dañados y numerosas intervenciones de emergencia.

Dinero directo a los ayuntamientos

La principal consecuencia de la declaración será económica. Los municipios incluidos podrán solicitar subvenciones excepcionales de concesión directa, sin tener que competir entre ellos en una convocatoria ordinaria. La propia declaración fijará cuánto puede pedir como máximo cada ayuntamiento.

El objetivo es que los consistorios puedan afrontar actuaciones necesarias para recuperar instalaciones y servicios públicos dañados. La normativa contempla trabajos de reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración, limpieza o reposición de infraestructuras municipales.

En la práctica, el dinero puede destinarse a actuaciones sobre redes de agua y saneamiento, calles, accesos, alumbrado, parques, instalaciones deportivas o edificios municipales, entre otras infraestructuras destinadas a prestar servicios públicos.

También pueden sufragarse determinados trabajos técnicos vinculados a esas intervenciones, como la redacción de proyectos o las direcciones facultativas cuando los ayuntamientos necesiten contratarlos externamente.

Eso sí, la declaración no equivale a una indemnización directa para las familias con viviendas particulares dañadas. Su destinatario son los ayuntamientos y entidades locales. Las compensaciones a propietarios siguen otros cauces, como el Consorcio de Compensación de Seguros o las futuras medidas que puedan habilitar otras administraciones.

Diez días para solicitar las ayudas

La declaración también abre un procedimiento pensado para reducir los plazos habituales de las subvenciones públicas.

Una vez publicado el acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los municipios incluidos dispondrán de un máximo de diez días para presentar su solicitud. Tendrán que detallar qué actuaciones quieren acometer, cuál es su coste estimado y qué plazo necesitan para ejecutarlas.

La Junta dispone después de un máximo de dos meses para resolver cada expediente, aunque el decreto establece que deben tramitarse individualmente «en el más breve plazo posible». Una vez concedida la subvención, el pago se realiza antes de que el ayuntamiento tenga que justificar definitivamente el gasto.

Además, podrán financiarse tanto actuaciones pendientes como determinadas intervenciones que los municipios ya hayan tenido que ejecutar desde la fecha que finalmente determine la declaración.

El mecanismo concede margen para obras de cierta envergadura: el plazo máximo para completar las actuaciones puede alcanzar los tres años desde el pago de la ayuda.

Compatible con otras líneas de apoyo

La declaración autonómica tampoco cierra la puerta a fondos procedentes de otras administraciones. El Decreto 277/2023 establece que estas subvenciones pueden ser compatibles con otras ayudas públicas o privadas destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma no supere el coste real de la actuación.

Esto resulta especialmente relevante en Granada, donde ya se están movilizando diferentes vías de financiación. La Diputación provincial aprobó la semana pasada 840.000 euros para facilitar actuaciones urgentes en Las Gabias, Granada capital y Armilla, especialmente en aquellos puntos donde todavía permanecían viviendas desalojadas.

En paralelo, el Gobierno central ha anunciado su intención de declarar los municipios afectados como zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil, una figura estatal distinta de la que activará ahora la Junta.

La declaración que estudia este martes el Consejo de Gobierno no resolverá por sí sola la factura dejada por los terremotos, pero sí cambia el escenario para los municipios: les permite pasar de afrontar con sus propios recursos las primeras intervenciones de emergencia a solicitar financiación extraordinaria para reparar y recuperar servicios e infraestructuras dañadas.

Y ahí está la principal consecuencia práctica para Granada. Después de varias semanas centradas en inspecciones, desalojos y seguridad, la respuesta institucional empieza a entrar en la fase más costosa: reconstruir aquello que los terremotos han dejado detrás.