La Policía alerta de un «tsunami» de solicitudes sin personal para la regularización en Cádiz

El secretario provincial del SUP en Cádiz, Antonio Flores, ha expresado con total claridad la preocupación en el seno de la Policía Nacional por cómo hacer frente la previsible avalancha de solicitudes para la regularización de inmigrantes iniciada por el gobierno de Sánchez. «Las solicitudes van a entrar como un tsunami», advierte en La Voz de Cádiz. Y es que, según sus cálculos, haría falta duplicar la plantilla actual en la provincia para atender medio mínimo la demanda. «Si se quiere regularizar a miles de personas, se debe invertir en personal. Y eso ni se lo han planteado», lamenta con evidente frustración.

El Real Decreto 316/2026 entró en vigor el pasado 16 de abril. Los extranjeros que acrediten una residencia continuada de al menos cinco meses podrán solicitar su regularización hasta el 30 de junio. Pero para el SUP, el problema no es la medida en sí, sino cómo se va a ejecutar. «Nosotros defendemos que vengan a nuestro país, que tenemos capacidad para acogerlos, pero de manera ordenada», matiza Flores.

«Hay desesperación»

El portavoz policial pone el dedo en la llaga con un ejemplo que hiela la sangre. «Si tienen que tramitar 200 expedientes y se tramitan 14… imagínate la desesperación que pueden sentir estas personas». Flores asegura que ya se ven «colas interminables» en ayuntamientos como el de Algeciras solo para conseguir el empadronamiento. «Sería normal que reclamen, con toda la razón del mundo», añade, y lanza un ruego a Madrid: «Espero que alguien tenga la suficiente coherencia para mirar esto».

Lo cierto es que la falta de medios no es el único escollo. El certificado de antecedentes penales, requisito indispensable para la regularización, se está convirtiendo en un dolor de cabeza mayúsculo. «Hay países con los que vamos a tener problemas, sobre todo aquellos donde la estructura no está informatizada», explica Flores. Si el papel de origen no es «suficientemente creíble», la policía debe investigar a fondo. Y ahí vuelve a aparecer el mismo fantasma: la escasez de agentes.

¿Quién investiga a los delincuentes?

Flores no es catastrofista por sistema. Él mismo reconoce que la medida era «una necesidad» porque la economía sumergida se había disparado. «El 90 % de los que solicitan son trabajadores que vienen a ganarse la vida, la mayoría no va a tener problema», confiesa. Entonces, ¿dónde está el verdadero riesgo? «La cuestión es quién investiga al 10 % restante», responde con una pregunta cargada de intención.

El sindicato teme que, con el agobio de los plazos, se acaben colando personas que sí suponen una amenaza real. «Si no incrementan la plantilla, esto va a ser un desastre», insiste. Y añade un dato escalofriante: sin los recursos adecuados, los agentes deberán priorizar cantidad sobre calidad en la verificación de antecedentes. «Si tienes la capacidad para investigar, claro…», deja la frase en el aire, como un aviso sin necesidad de más palabras.

Desde el Gobierno, la ministra Elma Saiz ha salido al paso de las críticas del PP. «Carecer de antecedentes ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible», subrayó. Pero el SUP no discute la ley, sino su aplicación práctica. «Cuando los compañeros ven que a lo mejor el solicitante tiene antecedentes contrastados en su país, pero ese país no te da el papel o no es creíble… ahí tenemos dudas», sentencia Flores.

La preocupación real de los policías no es política, es logística. Saben que, sin refuerzos inmediatos, el colapso administrativo está servido. Y con él, la posibilidad de que se queden en territorio nacional aquellos que no llegan con la idea de trabajar honradamente.