Desmantelan en Málaga un almacén clandestino usado para la compraventa ilegal de aceitunas y algarrobas

La Guardia Civil ha desarticulado una trama ilegal dedicada a la compraventa de aceitunas y algarrobas en Casarabonela (Málaga), en el marco de la operación Viridis. La actuación se enmarca dentro del plan nacional contra las sustracciones agrícolas y ganaderas y ha concluido con dos detenidos y un investigado, todos ellos implicados en un entramado sin licencias ni control sanitario, con grave riesgo para la salud pública y el comercio legal.

La investigación comenzó en septiembre de 2024, tras una queja enviada a la Delegación de Agricultura de la Junta de Andalucía. En ella se alertaba de la existencia de un almacén que presuntamente llevaba dos años realizando operaciones de compraventa de frutos sin los permisos necesarios, poniendo en riesgo la trazabilidad y la legalidad del origen de los productos.

Agentes del Equipo ROCA de la Guardia Civil de Coín, junto con técnicos de la Consejería de Agricultura y del Departamento de Sanidad Vegetal, inspeccionaron el almacén señalado. Allí constataron que ni el almacén ni un segundo establecimiento vinculado al titular contaban con inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias ni con documentación obligatoria como libros de registro o documentos de transporte.

Durante la inspección, se descubrió que el empresario implicado no podía justificar el origen de más de 18.000 kilos de algarrobas y 9.000 kilos de aceitunas. La mercancía era adquirida sin los documentos pertinentes y facturada de forma irregular tanto a nombre de su empresa como del propio dueño, que también actuaba como supuesto agricultor.

El acusado contaba con ayuda externa para falsificar documentos como DAT, facturas y albaranes. Estos fueron manipulados después de la inspección, contenían errores, tachaduras y datos incoherentes. Asimismo, un mozo colaboraba en la recogida, limpieza y clasificación del producto, lo que generaba una competencia desleal respecto a otras empresas del sector que sí cumplen con la normativa.

Como resultado, la Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a una tercera. Se les imputan delitos de organización criminal, contra la salud pública, falsedad documental, fraude fiscal y competencia desleal, todo ello dentro de una operación que busca proteger el comercio legal y seguro de productos agroalimentarios.