Diego Barceló: «Propongo que el Gobierno y quienes le apoyan paguen una multa del 15 % de sus ingresos si el déficit rebasa el 3 %»

Diego Barceló Larrán nació en Buenos Aires en 1969, pero se afincó en Asturias en el año 2000. Es economista, tiene estudios de posgrado y ha sido investigador en la escuela de negocios IESE. En la actualidad es profesor de Economía en la Universidad CEU San Pablo y colaborador de diversos medios de comunicación, entre ellos El Debate.

—¿Cómo espera que sea 2026 desde un punto de vista económico? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones y desafíos, y dónde ve las principales oportunidades para la economía mundial en el año que entra?

—Las previsiones apuntan a un suave debilitamiento de la economía global, con un crecimiento económico pobre en la UE, Reino Unido (ligeramente por encima de 1 %) y Japón (por debajo de 1 %), y un poco mejor en EE.UU. (en torno a 2 %). Las economías emergentes no podrían compensarlo, porque se espera una desaceleración (más o menos intensa, según el caso), en China, India y Brasil. Argentina sería tal vez la principal excepción, ya que todo apunta a un mayor crecimiento económico con menos inflación en 2026.

La principal amenaza es el mercado de bonos, ahora en actitud complaciente ante unos déficits fiscales gigantescos. El caso de EE.UU. (con un déficit fiscal sostenido en torno al 6 %) es el más preocupante por su potencial repercusión global. Los bonos del Tesoro de EE.UU. se consideran activos libres de riesgo, por lo que todos los demás activos financieros se valúan con una prima sobre el rendimiento de los mismos. Si, por lo que fuera, cambiara la actitud con referencia a los bonos del Tesoro, sus cotizaciones cayeran y sus rentabilidades aumentaran, todos los demás activos financieros podrían potencialmente sufrir. Salvo que el mercado tome, por ejemplo, los bonos de Apple o de Microsoft como libres de riesgo, en lugar de los del Tesoro (no es una hipótesis: ahora mismo se encuentran bonos de Microsoft con rendimientos similares o incluso inferiores que los del Tesoro de EE.UU. del mismo plazo).

—¿En qué afectan esas preocupaciones, desafíos y oportunidades a la economía española? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones y dónde ve las principales oportunidades para la economía española en el año que entra?

—Dentro de ese marco global, hay amenazas graves a nivel europeo. El principal es la política intervencionista de la Comisión Europea, que golpea a sectores enteros, como la industria automotriz, la agricultura, la ganadería, la pesca, etc. Además, se añade un tono crecientemente belicista, de consecuencias imprevisibles. Todo, a su vez, en el marco de países con deudas públicas elevadísimas, poco crecimiento, envejecimiento poblacional y presión tributaria muy alta. El Banco Central Europeo, con sus elevadas tenencias de títulos públicos, impide que el mercado refleje adecuadamente el riesgo implícito en los títulos públicos.

Pese a que von der Leyen -presidenta de la Comisión Europea-, en la práctica, ha abolido las reglas fiscales (no solo por «flexibilizarlas», sino también por permitir que haya gastos que no computen en el déficit), el mercado de bonos muestra, como decía antes, una actitud complaciente. El caso es que, sea por un episodio europeo (por ejemplo, Francia) o global (Japón o EE.UU.), lo que hoy es una complacencia que puede cambiar súbitamente a pánico. Algo así como cuando un niño gritó: «El rey está desnudo», y todos reconocieron una realidad que hasta entonces ignoraban.

España tiene un Gobierno que ataca el derecho de propiedad, por ejemplo, con la mayor presión tributaria de la historia, exageradas subidas del salario mínimo y hasta ministros que insultan públicamente a empresarios o empresas, exigiendo más intervencionismo e impuestos. No es, evidentemente, el entorno ideal para incentivar la inversión.

Sin embargo, la economía sigue creciendo sobre la base de distintos dopajes: el continuo incremento del gasto público (que se filtra a través de las subidas de salarios públicos, pensiones y prestaciones, la contratación de empleados públicos y algo de fondos europeos), un récord histórico de turismo internacional y crecimiento migratorio (España acumula tres años consecutivos siendo el país europeo con mayor saldo migratorio, del orden de medio millón de personas por año).

Este «modelo» de crecimiento insostenible ha sido posible llevarlo a cabo por la «abolición» de las reglas fiscales y el activismo monetario del BCE. Si el tipo medio de la deuda pública hubiera sido 4 % en los últimos diez años (como fue en 2003-2012), España debería haber gastado 272.000 millones más de euros en intereses de la deuda pública; esa es la medida del subsidio implícito del BCE, que el Gobierno no aprovechó para eliminar el déficit fiscal, sino para despilfarrar. Es insostenible, porque la deuda pública no puede crecer indefinidamente y porque un país en el que el gasto público es una parte creciente del PIB es cada vez menos eficiente. El Gobierno de España lleva 18 años seguidos pagando todos los intereses de la deuda pública con más deuda pública, lo que refuerza la insostenibilidad de esta forma de crecer. Como las cuentas públicas no están bien, los riesgos globales que comentaba antes son especialmente relevantes para España. En suma, todo depende de que el BCE -Banco Central Europe- sea capaz de contener un eventual cambio de humor en los mercados globales de bonos. Por eso todo es mucho más frágil de lo que parece.

La política económica de España debe dar un giro de 180º: ordenar las cuentas públicas, bajando impuestos y gasto público al mismo tiempo, desregular y privatizar. El plan ya está hecho: consiste en revertir cada una de las medidas que tomó el sanchismo-leninismo (abolir la tasa Google, la tasa Tobin, volver al sistema de cotización de autónomos anterior, volver a la deducción por aportaciones a planes de pensiones de 8.000 euros anuales, etc.).

—¿Qué deficiencias de la economía española piensa que habría que atajar ya y cómo lo haría?

—Lo más urgente es ordenar las cuentas públicas. Doy 10 propuestas que apuntan a dar incentivos para que el Gobierno y todos los que viven del presupuesto público pasen a ser guardianes del equilibrio fiscal y se deje de pasar toda la carga de la irresponsabilidad al sector privado:

1) que el mínimo exento y los tramos del IRPF se ajusten igual que las pensiones; 2) que quede prohibido subir las pensiones no contributivas más que las contributivas; 3) si el déficit fiscal supera el 1 % del PIB, que se recorte un 5 % el salario de legisladores y Gobierno, incluyendo asesores y personal de confianza; si supera el 2 %, el recorte sería del 10 %; si supera el 3 %, se recortaría un 15 %; recortes a todo nivel: nacional, autonómico, provincial y local; 4) que los salarios públicos no puedan subir más que el salario medio del sector privado; 5) si el déficit fiscal supera el 1 % del PIB, los salarios públicos suban igual que el salario medio privado menos 0,5 %; si es mayor del 2 %, se restaría 1 %; si supera el 3 %, los salarios públicos no se incrementan y se congelan las plazas públicas; esto también aplicaría a todo nivel; 6) que, mientras el sistema de pensiones esté en déficit, las pensiones se ajusten según IPC o salarios privados, lo que sea menor. Si el déficit fiscal supera el 2 %, el incremento se reduce 0,5 %; si es más del 3 %, no hay ajuste; 7) que cada vez que el déficit fiscal exceda el 3 %, la licitación pública quede paralizada; 8) si el déficit supera el 2 %, los miembros del Gobierno sean inelegibles para otra legislatura; si excede el 3 %, además, todos los miembros del Gobierno y los diputados que votaron la investidura paguen una multa equivalente al 15 % de sus ingresos anuales; 9) privatizar todas las empresas públicas, disolver la SEPI, y con lo que se recaude amortizar deuda pública; 10) prohibir rescates a empresas y eliminar progresivamente toda subvención a empresas privadas; lo que deje de gastarse en subvenciones debería convertirse de forma automática en reducciones del Impuesto sobre Sociedades.

De forma paralela, para permitir una reducción de la presión tributaria, hacer un presupuesto base cero en todas las Administraciones Públicas. Por ejemplo, hay que revisar el posible fraude en las pensiones de invalidez. En España, el 4,2 % de la población activa percibe una pensión por invalidez (una cada 24 personas). Una proporción cercana a la de la Argentina kirchnerista (1 cada 22 personas) y mayor que la de Israel (1 cada 29), un país que ha sufrido innumerables atentados terroristas y vive en una situación bélica casi continua. Luego, promover la fusión de ayuntamientos, hasta dejarlos en 2.000 (ahora hay más de 8.000)

—¿Qué recomendaciones de inversión da a los consumidores en el año que entra y por qué?

—Toda recomendación de inversión está sujeta a las circunstancias personales, por lo que es difícil dar recomendaciones generales. Para quien esté interesado, tengo en mi canal de Youtube un curso gratuito para aprender a gestionar las propias inversiones (se puede acceder pulsando aquí).

Los menores de 35 años deben saber que, para invertir a largo plazo, las acciones son el mejor instrumento. Lo ideal son ETF de bajo coste de índices con muchas acciones e invertir regularmente, sin intentar acertar los movimientos del mercado. Según lo que comenté antes, los títulos públicos están sobrevalorados, porque no creo que estén reflejando los riesgos fiscales. El oro está en su precio máximo histórico; ya es tarde para comprar. El Bitcoin, en cambio, ha bajado desde 120.000 dólares a 90.000, por lo que podría ser interesante para quienes quieran invertir a largo plazo una porción pequeña de su patrimonio, dado que es un activo extremadamente volátil.