Obligan al Ayuntamiento de Málaga a indemnizar a un hombre fotografiado por un policía local mientras defecaba

En la madrugada del 1 de diciembre de 2022, en Málaga capital, unos agentes de la Policía Local detuvieron a un conductor que se había saltado un semáforo en rojo para realizarle un control de alcoholemia. La situación, en principio ordinaria, derivó en un caso de exposición íntima y escarnio público que ha tenido consecuencias legales y económicas para el Ayuntamiento.

El conductor, necesitado de hacer de vientre y sin baño cercano, pidió permiso a los agentes para evacuar en las inmediaciones. Uno de ellos, en vez de respetar la situación, grabó imágenes del hombre semidesnudo con una cámara adosada al torso. Luego compartió las fotografías en un grupo de WhatsApp junto a otros dos compañeros, burlándose del hombre en un contexto sin ningún interés policial ni justificación profesional.

La cadena de irresponsabilidades no terminó ahí. Uno de los agentes implicados reenvió las imágenes a alguien ajeno al grupo, lo que provocó su rápida difusión. En menos de un mes, la fotografía llegó a compañeros de trabajo del afectado, quien se convirtió en blanco de mofas y humillaciones. La víctima denunció el caso en la Comisaría de Palma-Palmilla y estuvo seis meses de baja médica por ansiedad tras lo ocurrido.

El hombre reclamó al Ayuntamiento de Málaga una indemnización de 16.338,05 euros por los «daños psíquicos y morales padecidos por la captación y difusión sin su consentimiento» de sus imágenes íntimas, y el Consejo Consultivo de Andalucía le ha dado la razón, respaldando que los hechos supusieron una vulneración grave de su dignidad y salud mental, y recomendando que se le indemnice económicamente.

«El funcionario no debe de quedar indemne cuando la Administración paga a consecuencia de sus actuaciones manifiestamente imprudentes o, incluso, dolosas», señala el dictamen, fechado el 10 de julio. El organismo subraya la necesidad de exigir responsabilidad personal a los agentes para evitar que su «irregular e inapropiada actuación» la asuma el erario público.

Los tres policías implicados fueron sancionados por el Ayuntamiento con 15 días de suspensión de empleo y sueldo, según una resolución emitida el 3 de enero de 2024, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2010, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de la Policía, aplicable a los Cuerpos de Policía Local, por cometer una falta grave. El dictamen señala que los agentes «infringieron su código ético» y actuaron «guiados por un mero animus iocandi», es decir, con intención de burla, lo cual agrava la conducta.

El Consejo Consultivo concluye que los agentes se prevalieron de su condición de funcionarios públicos para captar y difundir las imágenes, en una actuación «grave o muy grave», que daña no solo al ciudadano afectado, sino también a la confianza social en las fuerzas del orden.