El concejal nacido, casado y con hijos en Málaga no consigue nacionalidad española por «falta de integración»

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha cerrado la puerta a la nacionalidad española de Scott Marshall, concejal del PP en Benahavís (Málaga). La resolución alega que «no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española». Nacido en Málaga hace 51 años, el edil ha residido toda su vida en la Costa del Sol.

Lo cierto es que Marshall se casó aquí, sus dos hijos son españoles y su padre ya obtuvo la nacionalidad hace 25 años. Pero el Gobierno sostiene que no cumple con lo exigido en el Código Civil. La razón principal: no aporta el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE), a pesar de que el castellano es su idioma habitual.

Tampoco justifica, según el expediente, que conoce los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE). Y eso que cursó la educación básica en Marbella, ejerce su profesión en la Costa del Sol y es concejal en su municipio. Una paradoja que el propio afectado no logra digerir.

«Si no tengo arraigo yo no sé quién lo tiene», afirmaba en tono irónico a El Español. Y es que su hoja de vida parece escrita para demostrar exactamente lo contrario: partida de nacimiento en El Limonar, empadronamiento continuado en Benahavís y décadas cotizando en el sistema español.

El Brexit le empujó a dar el paso

La solicitud no llegó por capricho, sino por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Aunque su padre le insistía desde hacía años, fue el Brexit lo que le motivó a oficializar su situación. Su progenitor, que ya es español, le animó a tramitarla para evitar futuros contratiempos burocráticos pese a tener la tarjeta de residencia.

«He mostrado todo: mi vida laboral, que he nacido aquí, el certificado de delitos penales de Inglaterra», enumeraba al citado medio. El concejal presentó además su matrimonio con una española, las partidas de nacimiento de sus hijos y un certificado de estudios que acredita que cursó hasta COU en el sistema educativo español.

Pero la administración no ha dado validez a esos documentos. La resolución, notificada el 28 de octubre de 2025, insiste en la necesidad de los exámenes oficiales. Una exigencia que choca frontalmente con la realidad de alguien cuyo acento andaluz se nota nada más descolgar el teléfono, como él mismo bromea.

Requisitos

Este tipo de requisitos, establecidos en la legislación española, son comunes para extranjeros que solicitan la nacionalidad por residencia. Sin embargo, en casos como el de Marshall, nacido en España pero de padre escocés, la norma no hace excepciones. El Derecho español no otorga la nacionalidad automática por ius soli (principio legal por el cual una persona adquiere la nacionalidad de un país simplemente por haber nacido dentro de su territorio), salvo contadas excepciones.

El edil presentó recurso de reposición en noviembre contra la denegación. Le da «pena» tener que llegar a ese extremo, pero no se rinde. Sostiene que su expediente es «difícilmente mejorable» y que la decisión carece de lógica si se compara con otros procedimientos que, a su juicio, se agilizan más.

Paradoja de la nacionalización masiva

Lo que más le desconcierta es el momento elegido. «En un momento en el que se van a regularizar a millones de inmigrantes», le parece incomprensible que a él, que ha vivido aquí 51 años, se le ponga tantas trabas. No es una cuestión de racismo, matiza, pero sí de coherencia administrativa.

La ley exige el DELE, un certificado que acredita un nivel mínimo de conocimiento lingüístico. Muchos extranjeros lo obtienen tras meses de preparación, pero en el caso de Marshall, que habla y escribe en español desde la infancia, la exigencia se vuelve casi absurda. No obstante, la norma no contempla excepciones por nacimiento.

Ahora solo queda esperar la respuesta al recurso. Un proceso que se alarga y que, según lamenta el propio Marshall, contrasta con la rapidez que percibe en otros trámites migratorios. Mientras tanto, el concejal mantiene viva la esperanza de que la administración revise su decisión.

«Me siento español y quiero tenerla», insistía en sus declaraciones. Y es que, más allá de los papeles y los certificados, su identidad está ligada a esta tierra. La pelota está ahora en el tejado del Ministerio, que deberá decidir si la letra fría de la ley se impone o si, finalmente, el arraigo real pesa más.