Pancartas durante la huelga estudiantil por Sandra Peña en Sevilla
Sevilla
La Junta suspende el expediente sobre el caso de Sandra Peña hasta las conclusiones de la Fiscalía
El Ministerio Público investiga la supuesta responsabilidad del centro educativo y de las tres menores señaladas en el suicidio de la joven
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía está a la espera de las conclusiones de la Fiscalía sobre el caso de Sandra Peña, la joven sevillana que el pasado octubre se suicidaba tras presuntamente haber sufrido acoso escolar, para reabrir el expediente, que se encuentra suspendido temporalmente, siempre que haya responsabilidades penales o administrativas.
La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, explicaba este martes que cuando ocurre algo en un centro educativo y se traslada a la Fiscalía, la administración abre un expediente y lo suspende hasta que se determine si hay o no hechos delictivos. Por tanto, cuando la Fiscalía comunique sus conclusiones, se reabrirá el expediente para trabajar en el caso.
Por lo pronto, ya se ha constituido la comisión de conciliación con el colegio de las Irlandesas de Loreto, pero no se pueden tomar medidas hasta que se conozcan las conclusiones de la Fiscalía, que investiga la supuesta responsabilidad del centro educativo y de las tres menores señaladas en el suicidio de Sandra Peña.
Al respecto, el Ministerio Público mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.
Las tres presuntas acosadoras de Sandra Peña comparecieron hace ahora un mes, el pasado 17 de noviembre, por separado y durante cuatro horas ante la Fiscalía de Menores de Sevilla. Días antes lo hicieron los padres de la joven en calidad de testigos perjudicados. La familia espera una sanción «contundente y ejemplarizante» para el colegio en el que estudiaba.