Sevilla  El cuento de nunca acabar de la mina de Aznalcóllar: la batalla que parecía enterrada vuelve a los tribunales

Parecía que el conflicto judicial por la mina de Aznalcóllar había llegado a su fin, pero todavía queda un capítulo por escribir. Su polémica adjudicación vuelve a los tribunales, esta vez por la vía administrativa. Mientras la reapertura del yacimiento avanza sobre el terreno, la batalla por quién debe explotarlo sigue abierta. El TSJA retoma ahora un recurso que llevaba años paralizado.

La Audiencia Provincial de Sevilla, que en diciembre del año pasado dictó una sentencia absolutoria para los 16 acusados por las presuntas irregularidades relacionadas con el concurso minero, ha pasado el testigo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el cual debe examinar si existieron anomalías administrativas en el procedimiento que terminó entregando el proyecto a Magtel y Grupo México en contra de Emerita Resources.

Todo comenzó en 2014, cuando la Junta de Andalucía convocó el concurso público para la explotación del yacimiento. Un año después, el Gobierno socialista de Susana Díaz resolvió adjudicarlo a la empresa cordobesa Magtel y a la multinacional Grupo México. El proyecto acabaría bajo el control de Minera Los Frailes, sociedad vinculada al conglomerado mexicano. La empresa que perdió aquel concurso, Emerita Resources, no abandonó su batalla.

Su recurso ante la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo llevaba más de diez años en estado de hibernación. El procedimiento quedó suspendido porque los magistrados del TSJA entendieron que las cuestiones que debían resolverse allí estaban sustancialmente relacionadas con las que se investigaban en la vía penal. La estrategia judicial consistió, por tanto, en esperar a que aquella causa terminara antes de retomar el examen administrativo.

Ese momento ha llegado. La sentencia de la Audiencia de Sevilla es firme y cerró definitivamente la vía penal al concluir que no existieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios ni prevaricación medioambiental. Con ese proceso ya finiquitado, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA en Sevilla ha decidido levantar la suspensión «por prejudicialidad penal» del recurso presentado por Emerita.

La decisión se adopta pese a la oposición de la Junta de Andalucía, la Fiscalía y Minera Los Frailes, y responde a la petición de la propia Emerita Resources. En un auto fechado este pasado miércoles, los magistrados Pedro Roas, María Luisa Alejandre y Julián Manuel Moreno consideran que, una vez declarada la firmeza de la resolución penal, ya no existen razones para mantener paralizado el procedimiento. El TSJA podrá así dictar una nueva sentencia, esta vez exclusivamente administrativa.

La decisión no cuestiona, insistimos, la absolución de los 16 encausados. Aquella parte de la historia ha quedado definitivamente cerrada. No obstante, el pleito administrativo sí puede tener consecuencias sobre la adjudicación del yacimiento sevillano. Es ahí donde reside la nueva incertidumbre, porque Emerita Resources continúa disputando a Minera Los Frailes la titularidad de la explotación 11 años después de aquel concurso.

El frente penal queda atrás

La sentencia penal, fechada el 4 de diciembre del pasado 2025, fue especialmente contundente con las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España SLU, SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción, a las que condenó al pago de las costas procesales «al apreciarse una connivencia» entre ellas «en el mantenimiento de su posición incriminatoria, con el perjuicio moral y económico que ello ha conllevado a los acusados que absolvemos de una acusación infundada».

El tribunal también calificó de «injusticia y sinrazón» la posición mantenida por las acusaciones y consideró «claramente desvirtuada» durante el juicio cualquier posible apreciación de delito en la actuación de los acusados. Algunos, añadió la Audiencia, fueron inculpados sin «sustento fáctico y probatorio» ni «unos mínimos parámetros de racionalidad en la valoración de la amplia investigación realizada».

Frente a las acusaciones particulares y popular, la Audiencia destacó que «la posición del Ministerio Fiscal ha sido diáfana a lo largo de la causa invocando su conclusión absolutoria, cuyo fundamento basaba en pruebas de especial consistencia», como los informes de los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la UCO, de los que, según el tribunal, no podía inferirse la comisión de los delitos atribuidos a los 16 acusados.

Entre los absueltos se encuentran María José Asensio, que fue directora general de Minas, y Vicente Fernández, entonces secretario general de Innovación del Gobierno de Susana Díaz y posteriormente presidente de la SEPI, nombrado en su día por María Jesús Montero. También quedaron eximidas de responsabilidad civil la Junta y las empresas implicadas.

Mientras tanto, el proyecto minero ha dejado de ser una expectativa para convertirse en una obra en marcha, con la previsión de que la producción comience, como tarde, en 2029. Es decir, la mina avanza en su reapertura, pero la disputa por su adjudicación sigue viva en los tribunales.

El cuento de nunca acabar de la mina de Aznalcóllar suma así un nuevo capítulo. La batalla penal ha terminado, pero la administrativa resucita para reavivar un conflicto latente desde hace 11 años. El TSJA tendrá ahora la última palabra sobre el futuro jurídico de la adjudicación de la explotación.