Baleares blindará los hoteles frente a los okupas con una ley pionera

Baleares podría convertirse en la primera comunidad de España con una ley específica para blindar los hoteles frente a okupaciones irregulares. El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para modificar la Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Baleares y dotar al sector de herramientas jurídicas que permitan reaccionar con rapidez ante este tipo de situaciones.

La iniciativa, pionera en España, plantea un doble objetivo. Primero, prevenir ocupaciones y, segundo, facilitar el desalojo exprés de quienes permanezcan en los establecimientos con fines ajenos al uso turístico. Los clientes, además, deberán conocer de forma explícita las normas internas de cada hotel y las consecuencias de incumplirlas.

El texto refuerza el derecho de admisión, permitiendo a los propietarios actuar sin mediación judicial cuando se detecte una okupación irregular. A diferencia de una vivienda, los cuerpos de seguridad podrían intervenir directamente para recuperar el control del inmueble. El PP sostiene que esta medida protege la inversión, el empleo y la reputación del principal motor económico de las islas.

La propuesta surge tras varios episodios que han encendido las alarmas del sector. En enero, ocho personas ocuparon el apartahotel Sol i Mar de Cala Bona, cerrado por temporada baja. Denunciaron al establecimiento por coacciones mientras los dueños observaban cómo las instalaciones eran vandalizadas. El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, se desplazó al lugar para mediar con los okupas; días después, abandonaron el edificio.

No es un caso aislado. El complejo Bellevue, en el Puerto de Alcúdia, sigue clausurado desde una ocupación durante la pandemia, y otro apartahotel en Cala d’Or sufrió daños similares. Según los populares, estos episodios generan inseguridad, costes legales y un precedente «muy peligroso».

El fenómeno, todavía minoritario, ha empezado a extenderse a otros territorios turísticos como Almería o Tenerife. En Baleares, los hoteleros advierten de que detrás de muchas ocupaciones operan redes que subarriendan habitaciones o extorsionan a los propietarios. «No hablamos de pobreza, sino de mafias que conocen la lentitud del sistema», lamenta un empresario mallorquín.

La PNL prevé modificar el régimen de derechos y deberes de la Ley de Turismo para subrayar la obligación de informar al cliente sobre las normas internas y permitir el desalojo inmediato de quienes las incumplan o usen el alojamiento con otro fin. El PP defiende que la libertad empresarial no es absoluta y puede limitarse por razones de interés general, siempre sin vulnerar los derechos del consumidor. El PP recuerda que la libertad del empresario «no puede ejercerse de forma absoluta» y que puede ser «restringida por razones imperiosas de interés general». Al mismo tiempo, la iniciativa permitiría invocar el derecho de admisión sin conculcar los derechos del cliente.

En concreto, la PNL «reforzará las medidas para desalojar de los establecimientos turísticos a los usuarios que incumplan sus deberes o a las personas que accedan o pretendan permanecer en ellos con una finalidad diferente al normal uso del servicio». El cambio normativo se circunscribe a las competencias en materia turística y no toca la ley de vivienda estatal.

El texto, impulsado por el grupo popular que lidera Marga Prohens, se debatirá en las próximas semanas en el Parlamento balear. Este modelo podría servir para otras comunidades turísticas -como Canarias, la Comunidad Valenciana o Andalucía- que afrontan el mismo riesgo durante la temporada baja, cuando centenares de hoteles permanecen vacíos en temporada baja. La PNL necesitará apoyos más allá del PP para salir adelante; los populares confían en contar con el respaldo de Vox, partido que defiende una postura firme contra la okupación.