PP y Vox reactivan la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Armengol en Baleares

El Parlamento balear volverá a debatir la derogación de la Ley de Memoria Democrática, una de las normas más emblemáticas del anterior gobierno socialista de Francina Armengol. La propuesta, impulsada por Vox, ha sido admitida a trámite con el apoyo del PP, que cumple así el acuerdo de investidura que permitió a Marga Prohens alcanzar la presidencia en 2023.

Es la segunda vez que Vox intenta eliminar la ley. A finales del año pasado, los populares bloquearon la propuesta a cambio de que la izquierda apoyara decretos clave de la legislatura y la corrección de errores en la ley de simplificación administrativa.

La cooperación entre PP y Vox se romió a finales de 2024, tras un error de votación del grupo popular que permitió aprobar por accidente más de 30 enmiendas de Vox a la ley de simplificación administrativa, pieza central del programa económico de Prohens. Vox se negó a repetir la votación, dejando a la presidenta sin margen para enmendar la situación. Para desbloquear la crisis, el PP pactó con el PSOE y los partidos nacionalistas para corregir las enmiendas aprobadas por error y que no habían sido pactadas con Vox. A cambio, los populares tuvieron que abstenerse en la votación sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Este pacto salvó la ley de simplificación del ejecutivo regional, pero abrió una brecha con Vox que no se cerró hasta siete meses después. El escenario cambió en mayo de este año, cuando PP y Vox acordaron avanzar hacia la derogación en el marco de las negociaciones presupuestarias de 2025. Gracias a este acuerdo, el Gobierno balear aprobó los presupuestos de 2025, incorporando medidas en materia lingüística, fiscal, medioambiental y migratoria.

Ahora, la reactivación de la derogación de la Ley de Memoria Democrática se interpreta como el siguiente paso en la reconstrucción de la relación PP–Vox. Para Vox, la norma «divide a los ciudadanos» y «privilegia a unas víctimas sobre otras». El PP, en cambio, defiende mantener la Ley de Fosas de 2016 para garantizar la localización y exhumación de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo.

La proposición de ley aprobada este martes contempla la disolución de organismos y comisiones creadas por la norma y la paralización de procedimientos iniciados, excepto los relativos a exhumaciones, y deberá superar su tramitación parlamentaria para aprobarse definitivamente.

Durante el debate, Vox defendió la derogación calificando la ley de «absolutamente injusta» y acusó a la izquierda de imponer un relato único y criminalizar interpretaciones alternativas de la Segunda República. Por su parte, el PP alertó de una supuesta intromisión del Estado en la conciencia de los ciudadanos, aunque defendió la continuidad de la recuperación de fosas comunes.

Desde la izquierda, PSOE, MÉS y Unidas Podemos denunciaron lo que consideran un retroceso histórico. Omar Lamin (PSOE) subrayó que la ley busca garantizar verdad y reparación, no venganza, y acusó a Prohens de priorizar «mantener su silla a cualquier precio y satisfacer a una ultraderecha que blanquea el franquismo». Los partidos nacionalistas calificaron el acuerdo de «sumisión ideológica» y advirtieron que la memoria histórica no puede convertirse en moneda de cambio político.

El Ejecutivo de Marga Prohens anunció además un proyecto para homenajear a las víctimas de los bombardeos republicanos sobre Palma durante la Guerra Civil. La presidenta defendió la postura de su partido alegando que la norma se aprobó sin consenso y destacando que su Ejecutivo cumple rigurosamente con la ley de fosas y con la continuación de los proyectos de exhumación de cuerpos de represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo.