El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, comparece en rueda de prensa

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, comparece en rueda de prensaEUROPA PRESS

El partido independentista Més propone prohibir la compra de viviendas a no residentes en Mallorca

El líder de la coalición defiende la implantación de una nueva ley para «garantizar el uso residencial de viviendas» y frenar la especulación en Baleares

MÉS per Mallorca ha presentado a los municipios de la isla su proposición de ley para prohibir la compra de viviendas a no residentes.

Los independentistas, que ejercieron como grupo de coalición junto al PSOE durante el mandato de Francina Armengol, han notificado una propuesta de ley para «garantizar el uso residencial de las viviendas y en contra de la especulación en Baleares». Defienden que así se podrá restringir la compraventa de casas a no residentes, personas jurídicas y para segunda residencia, de forma temporal.

La propuesta ha sido registrada en el Parlament y, desde esta semana, está siendo presentada por el coordinador general de la formación, Lluís Apesteguia, a las agrupaciones municipales que apoyen la idea.

«Proponemos que cada familia tenga su casa y que cada casa sirva para que viva una familia», ha afirmado Apesteguia en el pueblo de Algaida. Por su parte, el también portavoz del grupo parlamentario cree que la medida llega en un momento de «urgencia habitacional», para socorrer a la «gente normal que quiere desarrollar su proyecto de vida en Mallorca».

La propuesta de la normativa pasa por ejemplificar su funcionamiento en otros territorios de la Unión Europea que aplican limitaciones a la hora de adquirir una vivienda. Es el caso de Dinamarca, Malta y las Islas Äland (Finlandia). Apesteguia ha destacado el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como como varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que «prevén la implantación de medidas restrictivas al movimiento de capital relacionado con la adquisición de viviendas por parte de no residentes siempre que se cumplan cinco condicionantes: razones imperiosas de interés general, especificidad, proporcionalidad, evaluabilidad y no discriminación».

Además, ha expuesto diez condiciones para los municipios que acojan la normativa, de las cuales tendrán que cumplir un mínimo de tres. Entre ellas, que el precio de compra o alquiler haya aumentado un tres por ciento por encima la variación del IPC de las Baleares los últimos cinco años, superar el umbral que se establece para viviendas vacías y no principales, que el precio medio de compra supere al menos el total acumulado de la proyección de diez años del salario neto medio de las Baleares o que el precio medio de compra o de alquiler supere en un 35 por ciento la media del Estado español.

Asimismo, cree que se necesitan diez años para evaluar el impacto de las restricciones, de manera que según MÉS, se debe esperar este largo tiempo para decidir mantenerlas o retirarlas. Finalmente, la formación ecosoberanista ha añadido que la especificidad se justifica al aplicar, como máximo, tres medidas concretas: la limitación de la compra a no residentes, a personas jurídicas y a propietarios de una vivienda habitual.

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