Marlaska deja sin agua potable a 120 trabajadores de una comisaría «en pleno siglo XXI»

La comisaría de Manacor (Mallorca) no tiene agua potable desde el mes de junio. El Ministerio del Interior, bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, ha mostrado su incapacidad para garantizar un servicio esencial a los más de 120 agentes que trabajan en plantilla. «Cada vez que lo pedimos, nos dicen que dependemos de Madrid, que tiene que aprobar un presupuesto para pagar una mísera fuente de agua», denuncia María Fernández, portavoz del sindicato CSIF.

El sindicato presentó una denuncia ante Inspección de Trabajo el pasado mes de junio. La Empresa de Servicios de Manacor emitió un certificado que declaraba el agua de la comisaría «no apta para el consumo». Además, un informe posterior confirmó que el sistema de aire acondicionado llevaba averiado desde el año anterior y los aparatos portátiles instalados resultaban insuficientes.

Fernández relata casos de mareos, bajas médicas y situaciones de riesgo este verano sin agua y a temperaturas de más de 38 grados. «Hubo mujeres embarazadas que dejaron de acudir al trabajo, agentes que se desmayaron y ciudadanos que vinieron a hacer el DNI y terminaron mal por el calor. Entre las tres y las cuatro de la tarde, el calor era infernal».

La desesperación llevó a un hotelero mallorquín a ofrecerse a reparar el aire acondicionado a su cargo este verano, relatan a El Debate. Dos técnicos se presentaron en la comisaría, pero no se les permitió actuar «por un protocolo» del Ministerio, lamenta Fernández, que denuncia que haya dinero para grandes proyectos, pero no para lo mínimo que asegure la salud de quienes trabajan allí.

Un año sin aire acondicionado

Tras la denuncia de CSIF, se reparó el sistema de aire acondicionado, que ahora ya no hace falta. Pero en estos momentos las instalaciones siguen sin contar con agua potable, pese al requerimiento emitido por Inspección de Trabajo.

«Solo pedimos una mísera fuente, como la que tenemos en muchas casas para beber», reclama CSIF, que denuncia que la dependencia en las partidas presupuestarias centralizadas retrasa una solución de bajo coste, mientras los trabajadores deben enfrentarse a condiciones que en cualquier empresa medianamente responsable serían inaceptables.

«En pleno siglo XXI, la Administración no es capaz de instalar simples fuentes de agua potable en una comisaría de Policía», concluye María Fernández, que recalca que no están pidiendo «ni lujo ni de caprichos», sino garantizar lo mínimo que cualquier trabajador merece: «Solo agua potable».