El principal acusado de la macroestafa inmobiliaria de Lujo Casa, Carlos García Roldán, antes de declarar el pasado mes de junio
Vendían casas sobre plano y se quedaron los ahorros de 230 familias: 28 años de prisión para los cabecillas
«Era una estructura defraudatoria diseñada, refinada y mantenida en el tiempo», declara el fallo sobre la mayor estafa inmobiliaria de Mallorca, que captó 3,3 millones de euros y dejó sin nada a los compradores
Ofrecían viviendas sobre plano en Mallorca que nunca llegaron a levantarse. Mostraban solares, oficinas abiertas al público y contratos aparentemente solventes, pero no tenían licencias, ni avales, ni financiación real. Más de 230 compradores entregaron sus ahorros —en algunos casos, el dinero de toda una vida— para promociones que sólo existieron sobre el papel. Ocho años después, la Audiencia Provincial pone punto final judicial a una de las mayores macro estafas inmobiliarias de Baleares.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha condenado a los principales responsables de la trama inmobiliaria de Lujo Casa a penas que suman casi 28 años de prisión por una estafa que dejó más de 3,3 millones de euros defraudados y centenares de familias afectadas en toda Mallorca.
El considerado cabecilla del entramado, Carlos García Roldán, conocido como Charly, ha sido condenado a 14 años y nueve meses de cárcel por delitos de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Su socio principal, Michelle Pilato, ha recibido una pena de nueve años de prisión por estafa agravada, pertenencia a grupo criminal y blanqueo. El tercer acusado relevante, presentado ante los clientes como constructor de las promociones, ha sido condenado a cuatro años de cárcel por pertenencia a grupo criminal y como cómplice en estafa y blanqueo. Otros tres procesados han sido absueltos.
La sentencia, a la que ha tenido acceso El Debate, descarta de forma tajante que se tratara de un negocio inmobiliario fallido por causas económicas. Para las magistradas, quedó acreditada la existencia de «una estructura defraudatoria diseñada, refinada y mantenida en el tiempo».
Sin suelo, sin licencia y sin avales
El fallo judicial detalla que Lujo Casa no era titular registral de la mayoría de los solares que anunciaba. En algunos casos sólo disponía de opciones de compra que ni siquiera llegó a ejercer. Tampoco contaba con licencias de obra nueva, más allá de proyectos básicos aislados, ni había contratado avales bancarios o seguros de caución para garantizar las cantidades anticipadas por los compradores, como exige la ley. Las cantidades entregadas tampoco se ingresaban en cuentas especiales separadas.
Pese a ello, la empresa desplegó una imagen de solvencia basada en oficinas abiertas al público, anuncios en portales inmobiliarios, carteles en solares y contratos de reserva y compraventa, lo que llevó a cientos de personas a confiar en el proyecto.
Según recoge la sentencia, los compradores entregaron cantidades que oscilaron entre los 5.000 y más de 100.000 euros, mediante transferencias, ingresos en efectivo y otros medios de pago, hasta alcanzar un total de 3.382.529,95 euros.
Treinta promociones 'fantasma'
La macroestafa afectó a una treintena de promociones repartidas por Palma, Algaida, Marratxí y Llucmajor, ninguna de las cuales llegó a ejecutarse. En algunos casos, recuerda la Sala, hubo personas que abandonaron sus viviendas de alquiler ante la promesa de recibir una nueva vivienda o una compensación económica que nunca llegó. Perdieron la posesión del inmueble y sufrieron perjuicios patrimoniales de miles de euros.
Las magistradas subrayan que desde el inicio de la actividad existió un desequilibrio «relevante y persistente» entre los ingresos reales y los contabilizados. En 2016, los pagos reflejados contablemente ascendían a 632.693 euros, mientras que las salidas reales de dinero superaban 1,5 millones. Algo similar ocurrió con los ingresos: se contabilizaron 662.161 euros, cuando los cobros reales volvieron a superar el millón y medio, sin justificación contable.
A ello se suman reintegros en efectivo no justificados, realizados entre 2016 y 2018, que rozaron el millón de euros, así como gastos personales ajenos a la actividad promotora por valor de 311.000 euros, cargados a tarjetas de la empresa para viajes, hoteles, restaurantes, ropa, centros de estética, ocio y juego.
El cabecilla se fue a Colombia
La Audiencia constata que prácticamente ninguna promoción llegó a iniciarse. La sociedad, además, estaba infracapitalizada y carecía de recursos propios o financiación para afrontar unas promociones valoradas en 34,5 millones de euros.
Tras las primeras reclamaciones, a comienzos de 2017 se devolvieron parcialmente algunos anticipos, pero desde octubre de ese año se produjo un sobreseimiento general de pagos. Pese a ello, Charly incumplió su obligación legal de solicitar el concurso de acreedores y continuó captando compradores, agravando la situación financiera al hipotecar tres inmuebles de la sociedad sin destinar el dinero ni a las obras ni a la devolución de anticipos.
En marzo de 2018, tras las primeras denuncias, García Roldán abandonó España y se trasladó a Colombia, donde fue detenido y posteriormente extraditado.
La responsabilidad civil fijada supera los dos millones de euros, una cifra que previsiblemente aumentará cuando todos los perjudicados acrediten el daño sufrido. La sentencia no es firme y se puede recurrir.
