Foto de archivo de inmigrantes recién llegados a Baleares esperando en la estación Marítima de Palma
Baleares tutela ya a 700 menores no acompañados, 300 de ellos argelinos, mientras sigue la oleada de pateras: «Es insostenible»
El Govern carga contra el empeño de Sánchez en incluirla en el reparto de menores desde Canarias y alerta de que Baleares es ya «el principal punto de entrada de inmigración irregular a Europa»
El año apenas ha echado a andar y Baleares ya vuelve a encender las señales de alarma con la crisis migratoria que padece. En los cuatro primeros días de 2026, las islas ya han recibido a 150 inmigrantes llegados en patera -el año pasado habían llegado 97- , una cifra que reactiva la presión sobre los servicios de acogida de menores no acompañados que llegan a las costas del archipiélago y que quedan automáticamente bajo tutela de la administración insular.
«No tenemos instalaciones, no hay profesionales, los servicios están colapsados», alertó este lunes el director general de Inmigración y Cooperación del Govern balear, Manuel Pavón, que recordó que «cada oleada de pateras trae menores».
Baleares tutela actualmente a unos 750 jóvenes no acompañados, «300 de ellos argelinos». Pese a la saturación, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en incluir a Baleares en el reparto de menores procedentes de Canarias. Por ello, el ejecutivo de Prohens volvió a lanzar un mensaje de auxilio pidiendo que se excluya al archipiélago de este reparto impuesto.
«Poner fin, de una vez, a la ruta migratoria de Argelia»
Baleares «ya no es sólo una ruta de entrada de inmigración irregular a España, sino el principal punto de acceso de la inmigración irregular hacia Europa», advirtió Pavón, que calificó la situación de «insostenible» y «estructural» y reclamó una respuesta inmediata tanto del Gobierno central como de la Unión Europea.
«La protección y el control de fronteras no es competencia autonómica», recordó el director general, «pero sí es responsabilidad del Govern balear exigir que se cumpla la normativa y que se tomen medidas para poner fin, de una vez, a la ruta migratoria de Argelia a Baleares».
En su comparecencia pública este lunes para hacer balance del año 2025, Pavón advirtió de que el archipiélago ha empezado 2026 «exactamente igual que terminó 2025», con una nueva «oleada» de llegadas irregulares por mar que confirma que Baleares se enfrenta a un fenómeno plenamente consolidado por mucho que el Gobierno central siga «minimizando» esta situación.
El pasado 2025 fueron más de 7.300 las personas que llegaron de manera irregular a Baleares, a bordo de unas 400 pateras, y «este año todo parece indicar que todo va a seguir igual» porque «las mafias se están lucrando de la desesperación humana».
A la emergencia humanitaria se suma otra factura silenciosa: el desguace de pateras. Sólo el año pasado, el Ejecutivo autonómico tuvo que hacerse cargo de la retirada, destrucción y el tratamiento de 53 embarcaciones, con un coste medio de 616 euros por unidad. «La situación es insostenible», lamentó el director general.
El Ejecutivo de Marga Prohens reclama una estrategia más amplia, que vaya más allá de la gestión de llegadas, y exige políticas internacionales con los países de origen, un alineamiento con la política migratoria europea y una implicación real de Frontex.
Sin noticias de Frontex
Pavón reclamó un despliegue real y efectivo en Baleares, y cuestionó abiertamente que la agencia europea esté operando en la zona, como afirmó el delegado del Gobierno hace unos meses, cuando en realidad lo que hay es una mínima presencia. Fue la propia Frontex quien negó de forma oficial a socialista Alfonso Rodríguez Badal y afirmó que no tenía una presencia activa en las islas.
«Si Frontex está actuando, exigimos acceso a las hojas de vuelo. A día de hoy no se nos ha facilitado ninguna información», lamentó Pavón que cargó contra el socialista Alfonso Rodríguez Badal por «desmentir a los profesionales», en referencia a las estimaciones de organizaciones de Guardia Civil, Policía Nacional y colectivos como Caminando Fronteras, que elevan a más de 1.000 las muertes en la ruta del Mediterráneo occidental. La Delegación del Gobierno sólo reconoce 63 fallecidos, basándose en el hallazgo de cuerpos y, sin embargo, «estamos ante un cementerio», lamentó.
«Ocultar la realidad de poco o nada sirve», apuntó Pavón, recordando que «se está viendo cuál es la tendencia». «Mientras en el año 2016 llegaron 20 personas de manera irregular a las costas de Baleares, en el pasado año 2025 fueron más de 7.000».
