Entrada al Colegio de Abogados de Baleares
De Baleares
Los abogados acusan al Gobierno de convertir la justicia gratuita en «una carrera de obstáculos insalvables»
La falta de acceso gratuito a vías alternativas de resolución deja desprotegidos a los beneficiarios de justicia gratuita, según el ICAIB
La junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib) ha acusado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de convertir la justicia gratuita en «una carrera de obstáculos prácticamente insalvables».
Así ha reaccionado el colegio profesional a la información trasladada al Consejo de la Abogacía Española en el sentido de que, mientras no se publique la modificación reglamentaria con los nuevos baremos, las actuaciones de asistencia jurídica gratuita que lleven a cabo los abogados del turno de oficio en los medios alternativos de solución de controversias (MASC) no se abonarán si éstas no cristalizan en acuerdo.
Ciudadanos desamparados
El Icaib opina que con este tipo de medidas el Ministerio está convirtiendo el derecho a la tutela judicial efectiva de los usuarios de la justicia gratuita en «una carrera de obstáculos prácticamente insalvable», dado que no se ha previsto ningún sistema para que los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita puedan acceder sin coste alguno a los métodos alternativos de solución de controversias, quedando «completamente desamparados».
Los abogados de Baleares han sostenido que el «sorprendente» criterio del departamento dirigido por el ministro Félix Bolaños supone «un nuevo e inaceptable desprecio» al trabajo de unos profesionales que se dedican a la defensa de aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de «especial vulnerabilidad».
Además, para el Icaib, la decisión de Justicia «ahonda aún más la brecha territorial» que existe entre los abogados de oficio de las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias, a quienes sí se compensa en baremo el trabajo llevado a cabo en los MASC con independencia del resultado, y a los letrados que desarrollan su labor en los llamados territorios comunes, como las Islas.
Con todo ello, la junta de gobierno ha instado al Ministerio a que dé las instrucciones pertinentes para compensar «siempre y en todo caso» las actuaciones letradas en los procesos de conciliación.