Prohens blinda las ayudas contra la crisis de Irán: los beneficiarios no tendrán que declararlas en el IRPF

El Govern balear de Marga Prohens ha aprobado este miércoles un decreto ley de medidas urgentes para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo. Un paquete que moviliza 160,75 millones de euros y que blinda las ayudas directas para que no tributen en el IRPF. A través de esta deducción fiscal de nueva creación, el Ejecutivo balear evitará que los beneficiarios tengan que declarar estas subvenciones en la renta para garantizar que la liquidez llegue íntegra a familias y autónomos.

La entrada en vigor será inmediata tras su publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB). La norma tiene como eje central la protección del tejido empresarial y el mantenimiento del empleo frente a la escalada de costes derivada del conflicto en Irán, según ha explicado el vicepresidente del ejecutivo, Antoni Costa.

La principal novedad de este texto es la introducción de una figura tributaria específica para las personas físicas. De este modo, las ayudas concedidas bajo este marco normativo no computarán en la base imponible del impuesto sobre la renta.

Ayudas directas

Del total de fondos movilizados, la mayor partida, 75 millones de euros, se destina a líneas de crédito a través de la sociedad de garantía recíproca ISBA para asegurar la liquidez de empresas y trabajadores por cuenta propia. Asimismo, se han consignado 36,75 millones en ayudas directas para los sectores más expuestos a la crisis.

El sector primario percibirá 13,5 millones de euros para compensar el sobrecoste de la alimentación del ganado, fertilizantes y combustibles. Por su parte, el sector del transporte contará con 9,75 millones de euros, de los cuales 6 millones se destinarán específicamente a paliar el precio de los carburantes en el transporte de mercancías.

Deducciones para hipotecas y tasas

En el plano fiscal, además de la exención de las ayudas en el IRPF, el Govern balear recupera la deducción autonómica para compensar el incremento de las cuotas en las hipotecas de tipo variable. El decreto también establece bonificaciones en las tasas portuarias del 50 % para actividades económicas generales y del 100 % para los pescadores profesionales.

Para agilizar la llegada de estos fondos, el Govern ha aprobado una serie de modificaciones normativas y programas temporales que permitirán reforzar con más personal público los equipos encargados de la gestión y tramitación de los expedientes.

La nueva norma establece también los mecanismos necesarios para la revisión de precios en los contratos de obra pública y servicios para adaptarlos a la inflación actual y asegurar la viabilidad de las adjudicaciones en curso.

Por último, el decreto ley da cobertura legal a la actualización salarial del 1,5 % para los funcionarios de la Comunidad Autónoma. Esta subida, correspondiente al ejercicio de 2026, se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.