Pancarta de la Plataforma per la Llengua
Baleares
El nacionalismo presiona para recuperar las multas contra el comercio balear que no atienda en catalán
Més plantea una batería de enmiendas para sancionar a los negocios que se nieguen a atender en esta lengua y extender su uso en contratos, facturas y a médicos
El nacionalismo quiere recuperar las multas lingüísticas en Baleares. Més per Mallorca ha registrado una batería de enmiendas a la Ley Ómnibus en el Parlament que propone imponer multas a aquellos establecimientos privados que no garanticen la atención en catalán.
La propuesta, que cuenta con el aval de la Plataforma per la Llengua —la entidad 'multisubvencionada' por el independentismo—, pretende demoler el marco de libertad que impuso el Gobierno del popular José Ramón Bauzá en 2012, y volver a un escenario de multas coercitivas. Sin embargo, la iniciativa nace muerta porque el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) no tiene la menor intención de aplicar resucitar estas sanciones.
La medida impulsada por los nacionalistas rescata la esencia de la Ley Sampol de 2001, un texto que estuvo vigente durante más de una década —aplicado incluso bajo mandatos del PP— hasta que el expresidente José Ramón Bauzá lo fulminó en 2012.
Més plantea que la denegación de atención en catalán sea tipificada como una infracción leve en materia de consumo. Esto se traduciría en multas que oscilan entre los 300 y los 4.500 euros. Sólo se sancionaría cuando implique una denegación del servicio.
Locales con más de tres trabajadores
Según el texto adelantado por Ultima Hora, la obligación recaería sobre aquellos locales que cuenten con más de tres personas dedicadas a la atención al público, para blindar lo que los nacionalistas defienden como un «derecho básico» de los consumidores.
El portavoz de Més en la Cámara autonómica, Lluís Apesteguia, defiende que la recuperación de esta norma esuna herramienta para «normalizar» la diversidad lingüística. «La normativa tuvo aceptación y no causó problemas; se derogó por una cuestión ideológica de Bauzá», argumenta el diputado, que contrapone su modelo al de las «políticas de rebajas al catalán» que actualmente promueve el Gobierno de Marga Prohens (PP) con el apoyo de Vox en el archipiélago.
Los ecosoberanistas de Més quieren «blindar» el catalán en la documentación comercial, es decir que las facturas, presupuestos y contratos estén disponibles obligatoriamente en catalán.
También pretende que las empresas que opten a concursos de la Administración garanticen el uso de la lengua en los servicios que presten.
En el ámbito de la sanidad, proponen acabar con las exenciones generalizadas del catalán para médicos y enfermeros, permitiendo la exención del requisito lingüístico sólo en aquellas especialidades donde exista un déficit real de profesionales.
Aparte de las multas, la propuesta de Més incluye la obligación del Govern balear de ofrecer formación específica en lengua catalana para colectivos profesionales del sector servicios, como la restauración y el comercio. Asimismo, plantean un «plan de acogida» para sanitarios llegados de fuera de las islas para facilitar su «integración» lingüística.
