La 'cacería' nacionalista a una profesora de Palma por permitir a sus alumnos usar el español

En el IES Guillem Sagrera, el castellano es una lengua proscrita a la asignatura de Lengua Castellana. Todo lo demás se da en catalán. Pero P., una profesora interina de Tecnología recién llegada este curso, rompió la omertá. Su «delito», según la documentación y los testimonios recabados por El Debate, ha sido permitir que sus alumnos de ESO y Bachillerato utilicen el español en trabajos y exámenes de su asignatura. Un ejercicio de libertad que ha desatado una auténtica «cacería» dentro y fuera del centro, con delaciones cruzadas y una inspección de urgencia que ha puesto bajo la lupa cada uno de sus movimientos.

Fue una compañera del propio centro quien actuó como «comisaria lingüística». Se dio cuenta de que había trabajos que los alumnos castellanohablantes no hacían en catalán, una situación que no afectaba a los catalanohablantes, que seguían siendo evaluados en su lengua materna. La situación, según relatan fuentes del centro, derivó en una exposición pública de la profesora tras la difusión del caso en la prensa.

«De un día a otro vimos en un periódico digital cómo se hacía un escarnio público de ella», lamenta un compañero cercano, que defiende la trayectoria de la docente señalada. «Es una buena profesional, la primera que ayuda y aporta para mejorar las clases; su único crimen es haber permitido con normalidad que los alumnos usen el castellano: ¡la lengua oficial del Estado!», denuncia este colega del centro, que pide mantener el anonimato.

Este profesor del IES Guillem Sagrera se queja de que la compañera delatora, una conocida militante del nacionalismo, no intentó siquiera exponer su queja ante la dirección del centro o la Conselleria de Educación: «Se fue directamente a hacerle daño público en un medio de comunicación». No sólo eso: «con mentiras», apunta. La noticia decía que no dejaba hacer los exámenes en catalán y les obligaba a hacerlos en castellano, «pero lo único que ella hizo es dar flexibilidad a quien prefería expresarse en español», rebate este compañero indignado que, para más señas, sostiene que P. ha corregido exámenes y trabajos en catalán y les ha puesto un 10 de nota a varias alumnas.

La inspección da carpetazo

Desde la publicación en prensa, la presión sobre la docente ha ido en aumento. Según su entorno, incluso se habrían difundido notas anónimas con descalificaciones personales para erosionar su imagen profesional. «La gente le tiene miedo» o «tiene mala pinta» son algunas de las frases que, aseguran, han circulado fuera de contexto.

«Ayer entró en clase llorando; se siente acosada y ha ido a denunciar todo lo que le está pasando», explican sus compañeros, que han seguido de cerca el caso y apoyan a P. Añaden que la situación ha traspasado el plano pedagógico para convertirse en un conflicto político.

En paralelo, la Conselleria de Educación activó el protocolo habitual. Un inspector se presentó por sorpresa en el centro la semana pasada. Revisó la documentación, las evaluaciones, la programación didáctica. «Lo revisó todo de cabo a rabo y no ha detectado ninguna irregularidad», sostienen fuentes conocedoras del caso.

El conflicto tiene su origen en la interpretación que se hace del proyecto lingüístico del centro, un documento que impone el catalán como lengua única y vehicular en todas las materias y que arrincona el español, dandole una presencia testimonial. Según el proyecto del IES Guillem Sagrera, «el catalán es, por ley, la lengua vehicular en todas las actividades del centro, de las relaciones internas y externas y de los aprendizajes». La profesora interina acata esta normativa interna del centro e imparte los apuntes y materiales en catalán, pero considera que no debe penalizar el uso del castellano en las evaluaciones por parte de sus alumnos.

¿Compañeros o comisarios políticos?

Sin embargo, su postura se interpreta por los sectores docentes nacionalistas como una vulneración del modelo de inmersión lingüística del 100% en catalán. De ahí la denuncia interna, la filtración de conversaciones y la exposición pública posterior.

Entre los profesores no politizados de este instituto, crece la preocupación. No tanto por el expediente —ya archivado— como por la sensación que deja. «Hay compañeros que actúan como comisarios lingüísticos y estamos expuestos a ellos», apuntan. «Son los mismos que denuncian que en la época de Franco no se podía hablar en catalán y ahora prohíben que se habla en castellano, como en una dictadura».

La profesora, de momento, continúa en el centro. Pero el episodio ha marcado un antes y un después en el claustro. El ambiente es raro. Hay corrillos en los pasillos y silencios incómodos. «Nadie habla abiertamente del tema pero la mayoría estamos ella. En el fondo, nos preocupa que el próximo docente señalado sea cualquiera de nosotros».