La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la 79ª Asamblea Mundial de la Salud
El Tribunal de Cuentas señala a una entidad de Sanidad por tener 200 millones en inmuebles sin regularizar
Según el informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024, el INGESA presenta deficiencias relevantes en la gestión de sus inmuebles
El Tribunal de Cuentas, máximo órgano fiscalizador de la Administración pública, ha señalado al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entidad dependiente del Ministerio de Sanidad, por mantener sin regularizar cerca de 200 millones de euros en inmuebles dentro de su contabilidad, una situación que se arrastra desde hace más de una década y que afecta al correcto registro del patrimonio sanitario del Estado.
Según el informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024, el INGESA presenta deficiencias relevantes en la gestión de sus inmuebles, especialmente en lo relativo a la correcta identificación y valoración de terrenos y construcciones heredadas del antiguo INSALUD.
El órgano fiscalizador advierte de que en numerosos casos el organismo no distingue adecuadamente entre el valor del suelo y el de los edificios, lo que incumple la normativa contable pública y dificulta reflejar con precisión el valor real de los activos sanitarios del Estado.
En concreto, el informe cifra en 198,8 millones de euros los inmuebles del INGESA pendientes de regularización contable, dentro de un problema más amplio que afecta también al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), elevando el total de activos sin depurar a más de 300 millones en el conjunto del sistema de Seguridad Social.
El Tribunal de Cuentas advierte además de que esta situación podría tener efectos sobre la correcta imputación de amortizaciones, ya que la falta de separación entre suelo y edificación puede provocar que se estén registrando amortizaciones indebidas sobre terrenos, algo que no está permitido en la normativa contable.
En su análisis, el órgano fiscalizador subraya que esta problemática no es nueva, sino que se arrastra desde el año 2012, sin que hasta la fecha se haya completado el proceso de depuración y regularización del inventario inmobiliario del INGESA.
El informe señala también que los avances realizados durante el ejercicio 2024 han sido limitados y «poco relevantes», lo que evidencia la dificultad del organismo para culminar la actualización de su patrimonio.
Por su parte, el INGESA sostiene en sus alegaciones que parte de los inmuebles incluidos en su balance corresponderían a centros sanitarios que han sido transferidos a comunidades autónomas en procesos de descentralización, por lo que considera que no deberían figurar en su contabilidad actual.
