La Complutense reclama a Begoña el software por valor de 113. 509 euros que inscribió a su nombre y con el que facturó

Un total de 108.765,79 euros en concepto de contratación de varias empresas para el diseño, producción y ejecución del software y otros 4.743,53 euros el coste del personal asignado al mismo. La Universidad Complutense de Madrid (UCM) cifra en 113.509 euros el coste de la aplicación informática fabricada en el marco de la Cátedra de Transformación Competitiva (CTSC) que dirigió Begoña Gómez, junto con el empresario Juan Carlos Barrabés, que posteriormente registró a su nombre y con el que facturó, a nivel profesional, algo más de 6.000 euros, según ha quedado acreditado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último informe.

Así las cosas, como consta en uno de los documentos incorporados en el sumario de la instrucción, al que ha tenido acceso íntegro El Debate, el centro educativo ha confirmado que se personó en calidad de «actor civil», el pasado mes de octubre. Dicho movimiento implica que la UCM reclama «daños y perjuicios» a la mujer de Sánchez, ante «una presunta apropiación indebida», del programa informático ligado a su Cátedra que llegó a utilizar con fines profesionales particulares.

De hecho, según el atestado aportado por los investigadores de la UCO, la cuenta bancaria con la que se abonó el registro de marca del software era de titularidad conjunta entre Gómez y su esposo, Pedro Sánchez, motivo por el que el presidente del Gobierno, de resultar condenada su mujer, podría enfrentarse a una responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo.

En relación con los diferentes contratos que se formalizaron entre la Cátedra de Transformación Social Competitiva y las empresas encargadas de poner en marcha el software, la Cámara de Cuentas de la comunidad de Madrid ha comunicado, en estos días, al juez Juan Carlos Peinado que ya está en marcha la «fiscalización» de los mismos, por acuerdo aprobado por el Consejo autonómico de Gobierno, en la sesión celebrada el pasado día 25 de febrero de 2025.

Con la finalidad de «no interferir» en las actuaciones de la instrucción de la causa penal que se sigue, por parte del magistrado Peinado, el órgano fiscalizador madrileño ha remitido un escrito, con fecha del pasado 26 de mayo, al que ha tenido acceso El Debate, para informarle de que ya ha puesto la lupa en este aspecto.