Yolanda Díaz y Pilar Alegría.
El Tribunal de Cuentas destapa un caos interno entre Educación y Trabajo que deja en el aire 276 millones
Así se desprende del informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024
El Tribunal de Cuentas ha detectado una discrepancia de 276,7 millones de euros en la financiación de la formación profesional para el empleo que revela una guerra interna entre organismos del Estado cuyas consecuencias recaen directamente en los ministerios de Educación y Trabajo en el año 2024, cuando todavía la socialista Pilar Alegría lideraba la cartera de Educación.
Así se desprende del informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de 2024, en el que el órgano fiscalizador señala diferencias de criterios entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal, y afecta fundamentalmente a la gestión de los fondos destinados a formación profesional para el empleo.
El origen del conflicto se remonta a la reorganización competencial de 2020, cuando una resolución conjunta redistribuyó las responsabilidades en materia de formación profesional entre los ministerios de Trabajo y Educación. Desde entonces, ambos departamentos mantienen interpretaciones distintas sobre cómo debe repartirse la financiación.
Según el Tribunal de Cuentas, la Tesorería General de la Seguridad Social aplica un criterio basado en la distribución establecida en la citada resolución, que asigna un 53 % de los recursos al Ministerio de Trabajo y un 47 % al de Educación, mientras que el SEPE defiende un reparto ajustado a lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado.
Esta diferencia de criterios ha derivado en una discrepancia de 276,7 millones de euros, de los cuales 272,8 millones corresponden específicamente a la financiación de programas de formación profesional para el empleo.
En sus conclusiones, el Tribunal de Cuentas no atribuye irregularidades contables en sentido estricto ni aprecia indicios de fraude, pero sí alerta de una «falta de conciliación adecuada» entre las entidades responsables de gestionar estos recursos, es decir, del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz y el Ministerio de Educación de Pilar Alegría, lo que impide determinar con precisión la distribución real del gasto.
Asimismo, el informe evidencia que el problema se mantiene desde ejercicios anteriores y que no se ha logrado una solución definitiva, lo que provoca que cada año se acumulen nuevas diferencias sin resolver entre ambas administraciones.
