Un senador de izquierdas exige que los cargos públicos y funcionarios no accedan a una promoción de VPO en Ibiza

El senador Juan José Ferrer, de la coalición Eivissa i Formentera al Senat, integrada por PSOE, Sumar y Ara Eivissa, defenderá este miércoles en el Senado una moción para exigir al Gobierno que establezca la «incompatibilidad absoluta» de cargos públicos en el acceso a las viviendas protegidas de Ca n’Escandell, en Ibiza.

Estas viviendas están promovidas por la empresa estatal SEPES, ahora denominada Casa 47. Se trata de una promoción que prevé la construcción de 532 pisos de alquiler asequible. En estos momentos, el proyecto se encuentra en fase de urbanización de los terrenos, una fase que sufrió un importante retraso después de que la constructora adjudicataria, ASCH, renunciara hace un año tras el hallazgo de restos arqueológicos que encarecían y alargaban los trabajos. Actualmente, es la empresa ibicenca Hermanos Parrot la encargada de ejecutar las obras, que asumió el pasado otoño.

La moción de Ferrer plantea, además, excluir a los funcionarios y empleados públicos con capacidad de decisión directa o indirecta en el proceso, así como al personal eventual de la Administración, sin concretar en este último caso su grado de vinculación con el proyecto. Asimismo, propone impedir el acceso a estas viviendas a los familiares directos de estos perfiles con el objetivo de evitar «conflictos de interés» o posibles situaciones de trato de favor.

Un veto que choca con la falta de funcionarios en Ibiza

La iniciativa llega en un momento especialmente delicado para la isla, que sufre un grave déficit de funcionarios, en gran parte por la falta de vivienda y el elevado coste de vida. Aun así, el senador considera que deben tener prioridad los residentes que puedan acreditar al menos cinco años de empadronamiento.

En su moción, también plantea que los adjudicatarios principales sean colectivos en situación de vulnerabilidad, como familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y personas mayores.

Ferrer reclama además una supervisión exhaustiva del proceso de adjudicación para garantizar «la legalidad, la objetividad y la plena transparencia». Entre sus propuestas figura la implantación de un sistema de inspección periódica que permita comprobar que las viviendas se destinan realmente a residencia habitual y evitar fraudes como subarrendamientos ilegales o usos indebidos.

Asimismo, plantea reforzar los mecanismos de control mediante la publicación de criterios de adjudicación, listados provisionales y definitivos e informes de supervisión.

Las enmiendas del PP: limitar el veto y priorizar la legalidad

Frente a la propuesta de Ferrer, el senador ibicenco del PP, Miquel Jerez, ha presentado varias enmiendas que rebajan el veto generalizado a funcionarios y cargos públicos y lo sustituyen por un enfoque basado en la normativa vigente. En concreto, plantea que los procedimientos de adjudicación se ajusten estrictamente a los principios de objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad, aplicando la Ley de Incompatibilidades y la normativa sobre abstención y recusación.

En este sentido, Jerez propone limitar la exclusión únicamente a los casos en los que exista un conflicto de interés real, especialmente cuando derive de la participación directa o indirecta en el proceso de adjudicación o de una posición que pueda comprometer su objetividad. De este modo, rechaza una exclusión indiscriminada y apuesta por evitar cualquier ventaja indebida o uso de información privilegiada, garantizando que el acceso a la vivienda se rija exclusivamente por criterios legales.

Además, el senador popular introduce una enmienda para reservar un porcentaje de viviendas para empleados públicos, a través de la cesión del 60% de una parcela al IBAVI, con el objetivo de facilitar el desarrollo de 170 viviendas. Asimismo, plantea que todo el proceso de adjudicación, control e inspección se ajuste a la Ley de Vivienda de Baleares, reforzando los mecanismos de verificación y permitiendo priorizar a residentes con un periodo continuado de empadronamiento, siempre dentro del marco legal vigente.