Las sedes de la Seguridad Social suelen ser zonas de largas colas de usuarios
Baleares desmiente la cifra de Sánchez de inmigrantes que podrán regularizarse: son 30.000, 6.000 marroquíes
El Govern triplica la previsión oficial en vísperas de que arranquen las citas y con Correos en el punto de mira por la falta de medios
La regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez entra en su fase decisiva. Este jueves se abre la cita previa para iniciar los trámites y, a partir del lunes 20 de abril, comenzará la presentación de solicitudes en oficinas de Correos. Todo ello con un escenario de máxima presión y con una batalla de cifras ya abierta en Baleares. ¿Cuántas personas podrán acogerse al proceso en las islas?
El dato divide a las administraciones. Frente a los cerca de 11.000 beneficiarios estimados por la Delegación del Gobierno, el Ejecutivo balear eleva la cifra hasta, al menos, 30.000. Es decir, prácticamente el triple. Dentro de ese volumen, el Govern sitúa en torno a 6.000 a los inmigrantes de nacionalidad marroquí, uno de los colectivos más numerosos en esta regularización.
Tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como la consellera de Presidencia del Govern, Antònia Maria Estarellas, sostienen que los cálculos del Gobierno central «no se ajustan a la realidad» y defienden que la estimación autonómica se ha elaborado tras consultar con distintos consulados, ante la dificultad de cuantificar una población fuera de los registros oficiales.
Comienza el caos en las oficinas
El pulso por las cifras coincide con el arranque operativo del proceso. Desde este jueves, los interesados podrán solicitar cita previa –a través de la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o del teléfono 060–, primer paso imprescindible para tramitar la regularización.
Pero el verdadero cuello de botella llegará en unos días. A partir del lunes 20 de abril y hasta el 30 de junio, un total de 371 oficinas de Correos en toda España –incluidas las ubicadas en Baleares– estarán habilitadas para presentar de forma presencial las solicitudes junto con la documentación requerida.
Correos se convierte así en uno de los puntos críticos del dispositivo, junto a las oficinas de Extranjería, en un mapa en el que se anticipa un fuerte incremento de la demanda.
De hecho, el sindicato CSIF en Baleares ya ha lanzado una advertencia. La organización considera que el despliegue del nuevo servicio se está haciendo «deprisa y corriendo» pese al tiempo disponible para planificarlo y reclama un refuerzo urgente de plantillas.
En concreto, el sindicato exige aumentar al menos un 40 % el personal en las oficinas afectadas para poder absorber el volumen de trabajo previsto. Además, reclama que se definan con claridad las compensaciones económicas asociadas a esta nueva carga laboral y que se concrete cuanto antes toda la documentación relativa al servicio, desde funciones hasta oficinas implicadas.
CSIF también alerta de que este cambio puede suponer una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por lo que pide instrucciones claras y formación suficiente para los empleados, que –subrayan– debería impartirse dentro de la jornada laboral.
Recurso ante el Supremo
Con este escenario de fondo, el Govern ha decidido dar un paso más y llevará el decreto al Tribunal Supremo. Baleares solicita además la suspensión cautelar de la medida, alineándose con otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
En el Ejecutivo autonómico vinculan directamente el recurso con la falta de claridad sobre el impacto real del proceso. «Si no sabemos de qué número estamos hablando, tampoco es verdad que no haya coste ni que no exista un efecto llamada», sostienen desde el Govern, que insiste en que la medida «no es buena para Baleares».
De hecho, este miércoles la presidenta vaticinaba un «empeoramiento» de los servicios públicos y del acceso a la vivienda –ya mermados– en una comunidad como la balear. «Entre otras cosas porque esta regularización no trae aparejada una nueva financiación», ha dicho ante los periodistas, aprovechando –una vez más– para elevar la queja a Madrid del sistema caducado de financiación.
La cuenta atrás ya ha terminado. La regularización arranca con las cifras en disputa, las oficinas en tensión y con los servicios públicos estatales hirviendo.
