Padres del CEIP Son Pisà
Enfado y preocupación
La incorporación de un profesor condenado por acoso subleva a un colegio en Mallorca: «No vamos a traer a los niños»
Los padres del CEIP Son Pisà de Palma se niegan a llevar a sus hijos a clase, como ya ocurrió en septiembre de 2025 en el CEIP Maria Antònia Salvà
A las ocho y media de la mañana, las puertas del CEIP Son Pisà, en Palma, no eran el hervidero habitual de niños, gritos, mochilas y prisas. El contraste con cualquier otro día lectivo era evidente. De los cerca de 500 alumnos matriculados en el centro, este jueves apenas ha acudido una cincuentena. En la acera de la entrada se agrupaban madres, padres y abuelos para protestar por la incorporación, el martes, del profesor Miquel Roldán, condenado por acoso a un menor cuando ejercía la docencia en otro centro de la isla.
«No vamos a traer a los niños mientras este hombre esté aquí», aseguran a El Debate los padres movilizados. «Ahora somos como la punta de lanza de la lucha porque nos ha tocado a nosotros, pero es que no tendría que estar aquí ni en ningún otro sitio", afirma a El Debate Miguel Palou, miembro de la APIMA.
«Entendemos que su condena es por acoso, no por abuso, pero hay padres que no distinguen eso, y hay que entender que en un colegio de 500 alumnos estamos hablando de, como mínimo, 1.000 padres, más abuelos, tíos y gente cercana. Es muy difícil que toda esa gente entienda de leyes o de tecnicismos, y la sensación general es que este hombre no debería estar dando clases», agrega.
Preguntado por el estado de los niños, es tajante. «Nerviosos». Por ello, él mismo y el resto de miembros de la asociación piden al resto de familias que nos transmitan el pánico a los más pequeños. «A los niños también hay que trasladarles la realidad según la edad que tienen. Tampoco se trata de meterles miedo. Si hay pánico, no los traigas», indica.
Durante la mañana se ha celebrado una reunión de urgencia del Consejo Escolar, con presencia de Inspección Educativa, para tratar de encauzar la situación. Sobre la mesa, un problema complejo: la administración se mueve dentro de un marco legal que permite al docente ejercer, mientras que las familias consideran que su presencia es incompatible con la confianza mínima que exige un entorno escolar.
Aulas vacías y padres histéricos: el precedente
El nombre de Roldán ya había generado una situación similar meses atrás, en el CEIP Maria Antònia Salvà. En septiembre de 2025, el inicio de curso en ese centro estuvo marcado por aulas vacías durante 10 días. Se negaron a llevar a los chavales mientras él ejerciese. La Conselleria de Educación se encontró con las manos atadas. Por un lado, los padres. Por otro, el marco legal. Roldàn había sido condenao pero no inhabilitado, y sin esa medida, la administración no puede apartarlo. Sería prevaricar. Por ello, impusieron una medida excepcional: someter al profesor a una vigilancia obligatoria de su salud para evaluar su idoneidad. ¿La respuesta del protagonista? Darse de baja y recurrir la decisión del Govern. Meses más tarde, la propia administración retiró la medida de vigilancia. El profesor la había recurrido por vulneración de derechos fundamentales y, además, ya no estaba en activo en ese momento. Se dio de baja.
La cuestión es que ahora, una vez superada la baja, el docente se incorporó a la bolsa de interinos y ha recalado en este gran colegio del centro de Palma, como tutor de cuatro de Primaria. «La solución tampoco es ponerle un 'más uno', o sea, un profesor de refuerzo para que lo vigile. Eso estallaría», apuntas.
La condena
El origen del conflicto se remonta varios años atrás. Roldán fue condenado a un año de prisión por acoso a un menor con el que había tenido relación como profesor en un centro de sa Cabaneta, en Marratxí. Según la sentencia, la conducta se desarrolló fuera del ámbito escolar y años después, pero incluyó insistencia en el contacto, aparición en los espacios que frecuentaba el joven y el incumplimiento de una orden de alejamiento.
Ese matiz —que los hechos no se produjeran en el ejercicio directo de la docencia— fue clave para que no se dictara su inhabilitación profesional. Y es también el punto que ha generado mayor controversia desde entonces. Legalmente puede ejercer; socialmente, su presencia en un colegio genera rechazo.
Tras lo ocurrido en Son Sardina, el debate saltó al ámbito político. El Parlament de les Illes Balears ha iniciado la tramitación de una reforma para ampliar los supuestos de inhabilitación automática del profesorado, más allá de los delitos sexuales o de trata que recoge actualmente la normativa. La intención es evitar situaciones como esta en el futuro.
Pero esa reforma, en todo caso, no tiene efectos inmediatos. En el presente, la situación en Son Pisà sigue bloqueada. Las familias mantienen su decisión y el centro funciona muy por debajo de su capacidad habitual. La solución, de momento, no está clara.
