Mallorca sube el listón y pedirá cinco años de residencia para optar a ayudas por la guerra

Mallorca endurece uno de los requisitos clave para acceder a parte de su nuevo paquete de ayudas sociales: será necesario acreditar cinco años de residencia legal en la isla. La medida, que inicialmente contemplaba un mínimo de tres años, se enmarca en la respuesta del gobierno insular a los efectos económicos derivados de la guerra en Irán y ha desbloqueado una línea de ayudas que llevaba semanas paralizada por discrepancias políticas y ajustes técnicos. Según Vox, es «prioridad nacional». Según el PP, «sentido común».

La decisión afecta de manera específica a los nueve millones de euros que gestionará el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), destinados a prestaciones de carácter social. Esta partida forma parte de un paquete mucho más amplio que, tras sucesivas revisiones, alcanzará cerca de 90 millones de euros entre remanentes de tesorería y otras inversiones ya previstas. La aprobación definitiva se espera en un pleno extraordinario que podría celebrarse en los próximos días, con el respaldo del PP y Vox.

El endurecimiento del requisito de residencia no es un detalle menor. Supone, en la práctica, delimitar el acceso a las ayudas a una población con un arraigo prolongado en la isla. Desde el equipo de gobierno insular, el conseller de Hacienda, Rafel Bosch, ha defendido la medida como «muy razonable», en línea con otras políticas similares aplicadas en distintos niveles de la administración. A su juicio, exigir un periodo mínimo de residencia permite dirigir los recursos hacia quienes «viven, trabajan y sostienen el sistema», en un contexto de presión económica creciente.

Bosch también ha enmarcado la decisión en una lógica administrativa más amplia. Según ha explicado, la tramitación del paquete de ayudas ha sido más compleja de lo previsto, lo que justificó su retirada temporal del orden del día en abril. Ese retraso, sostiene, ha servido para afinar los procedimientos y alcanzar consensos políticos que ahora permiten desbloquear las partidas. «Ha valido la pena demorar un poco y pensar los procedimientos», ha señalado, subrayando que las ayudas podrían empezar a aplicarse a partir de mayo, una vez superen el periodo de exposición pública.

Sin embargo, el trasfondo de la medida es eminentemente político. Vox ha reivindicado abiertamente su influencia en el endurecimiento de las condiciones, presentándolo como un avance en la implantación del concepto de «prioridad nacional». El vicepresidente insular, Pedro Bestard, ha afirmado que su formación ha logrado «condicionar» el paquete de ayudas para priorizar a los ciudadanos españoles, aunque la institución insular ha matizado que cualquier exclusión explícita por nacionalidad vulneraría tanto la Constitución como la normativa europea.

La exigencia de cinco años, en este sentido, se sitúa en el límite máximo permitido por la legislación vigente. Para Vox, se trata de un primer paso dentro de una estrategia más amplia orientada a revisar el conjunto de ayudas públicas bajo criterios de arraigo. Bestard ha llegado a plantear la necesidad de modificar leyes estatales para ampliar estos márgenes, argumentando que las actuales restricciones «perjudican a los españoles».

Frente a este planteamiento, el Consell ha optado por una posición más pragmática. Fuentes de la institución han insistido en que el paquete de ayudas no está diseñado «solo para españoles» y han recordado que requisitos similares ya existen en otras políticas públicas, como la Renta Social Garantizada o el acceso a vivienda protegida, donde se exigen periodos de residencia de entre tres y cinco años.

El debate, en cualquier caso, trasciende el ámbito insular. Las negociaciones en Mallorca se han desarrollado en paralelo a una discusión más amplia a nivel nacional sobre el alcance de la llamada «prioridad nacional», impulsada por Vox en acuerdos de gobierno en comunidades como Extremadura y Aragón. En este contexto, la medida adoptada por el Consell se interpreta como un ejemplo de cómo ese marco ideológico empieza a traducirse en decisiones concretas de política social.