El Ayuntamiento de Palma amenaza al Gobierno de Sánchez con la vía penal por el derribo de Sa Feixina

El Ayuntamiento de Palma ha formalizado un recurso de alzada contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que acordó la inclusión del monumento de Sa Feixina en el catálogo estatal de símbolos contrarios a la memoria democrática y ordenó su retirada.

El Consistorio, gobernado por el PP, advierte al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que insistir en la demolición podría constituir un delito de prevaricación y responsabilidades penales contra el patrimonio histórico.

Además, subraya que el Gobierno central está actuando «a sabiendas de su injusticia», al obviar que el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB) ya sentenció en 2021 que Sa Feixina es un bien catalogado del patrimonio histórico.

Desde 2010, el monumento —originalmente erigido en memoria de los fallecidos en el hundimiento del crucero Baleares— carece de elementos de exaltación franquista tras una reinterpretación democrática.

Posteriormente, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma de 2020, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares en 2021, declaró el monumento bien catalogado del patrimonio histórico de Baleares.

En este sentido, el Ayuntamiento subraya que consta acreditado que el bien está protegido legalmente y que los elementos contrarios a la memoria democrática fueron sustituidos, por lo que la resolución estatal contraviene los preceptos legales de referencia.

«Habiendo declarado nuestros tribunales que el monumento es un bien inmueble en el que concurren valores históricos, arquitectónicos y artísticos, resulta clara la obligación de no promover su destrucción ni su traslado, por el evidente riesgo para su integridad», recoge el recurso.

Asimismo, advierte de que «la resolución no puede desconocer los efectos de las resoluciones judiciales aportadas y, tras su expreso traslado, debe ser anulada, ya que de lo contrario se estaría ratificando en una actuación contraria al ordenamiento jurídico.»

El consistorio palmesano incide en que el monumento goza de protección patrimonial y que su retirada o traslado supondría una pérdida irreparable para el patrimonio arquitectónico de Palma, además de conculcar «abierta y directamente» el principio de división de poderes.

La connivencia del PSOE

El recurso del Ayuntamiento de Palma señala el polémico papel del grupo socialista en el último pleno municipal. Según el Consistorio, el PSOE exhibió documentación de la resolución estatal antes de que ésta fuera notificada formalmente, lo que para el Ayuntamiento evidencia una estrategia coordinada para eludir la protección patrimonial que el propio pleno estaba ratificando en cumplimiento de las sentencias.

El recurso también sostiene que la decisión estatal vulnera la propia Ley de Memoria Democrática, que excluye la retirada de elementos cuando concurren valores artísticos o patrimoniales protegidos, como sucede en este caso.

Además, el Consistorio advierte de que, de mantenerse la orden de retirada, se podría estar actuando a sabiendas de su injusticia, lo que podría derivar en responsabilidades penales en el ámbito de los delitos contra el patrimonio histórico.

En esta línea, el Ayuntamiento señala que se han incorporado al recurso todas las resoluciones judiciales firmes que avalan la protección del monumento, por lo que existe un conocimiento formal completo por parte de la Administración del Estado.

El recurso también pone de relieve que distintas entidades como ARCA, la Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e ICOMOS, órgano consultivo de la UNESCO, han defendido el valor histórico, artístico y arquitectónico del monumento y su permanencia como elemento protegido.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Palma ha solicitado la suspensión inmediata de la ejecución de la resolución estatal, al considerar que su aplicación provocaría daños irreversibles, actuando así con firmeza en la defensa del patrimonio de Palma y en el respeto al ordenamiento jurídico.

Vecinos de Palma, contra el expolio

Como ya informó El Debate, el recurso se produce unos días después de que la plataforma vecinal Sa Ciutat de Palma presentara su propio recurso ante el Ministerio, denunciando lo que consideran un «verdadero expolio» y un «acoso» contra un conjunto monumental que, según recuerdan, ya no contiene simbología política.

La tensión ha saltado también al ámbito parlamentario. Vox registró en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para frenar la piqueta, mientras que en el plano municipal ha solicitado declarar persona 'non grata' al secretario de Estado de Memoria Democrática.