Rebelión ciudadana contra el «expolio» de Sa Feixina: recurso contra el plan de Sánchez para tumbar el monolito

La plataforma vecinal de Sa Ciutat de Palma que defiende el monolito de Sa Feixina ha formalizado un recurso de alzada ante el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para frenar su demolición después de que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda incluirlo en la lista negra de elementos contrarios la memoria democrática, a pesar de que este monumento está blindado por la justicia y es un Bien Catalogado.

El escrito de los vecinos, al que ha tenido acceso El Debate, advierte de que la maniobra del Ejecutivo central supone un «verdadero expolio de nuestro patrimonio monumental». Reclama que cese en su acoso contra un conjunto monumental que honra a los 788 oficiales y marineros fallecidos en la Batalla del Cabo de Palos en 1938.

Los recurrentes solicitan al Ministro titular la anulación total de la resolución dictada el pasado 26 de marzo por el secretario de Estado Fernando Martínez López decretó que el monolito se incluirá ahora en el Catálogo de Símbolos Contrarios a la Memoria Democrática, lo que implica su derribo. Una decisión que se salta por encima un muro de cinco sentencias firmes y un tratado internacional que protegen el monolito de Palma como patrimonio intocable.

El recurso de alzada de esta asociación de vecinos de Palma exige al Gobierno central que se declare la resolución «nula de pleno derecho o subsidiariamente la anule por ser disconforme a derecho y contraria a las resoluciones judiciales firmes de Juzgados y Tribunales de Justicia».

Sin simbología desde 2010

La clave del conflicto reside en que el monumento, erigido en 1948 dedicado originalmente a las víctimas del hundimiento del Crucero Baleares, fue desprovisto en 2010 años de su simbología franquista original para convertirse en un recordatorio a las víctimas de la guerra, una transformación avalada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de las Baleares (TSJB).

Ahora, el Gobierno central busca reactivar el derribo mediante la nueva Ley de Memoria Democrática incluyendo este monolito en la lista negra del Gobierno, un movimiento que los vecinos califican de fraude de ley.

En el recurso, se advierte de que la ejecución del derribo causaría «perjuicios de imposible o difícil reparación», invocando el artículo 117 de la Ley 39/2015 para solicitar la suspensión inmediata de cualquier intervención.

«La resolución impugnada es nula de pleno derecho y ordena la retirada del monumento del espacio público, lo cual conlleva inevitablemente su deterioro o destrucción, como han dictaminado los técnicos del Ayuntamiento de Palma», reza el escrito.

La defensa de Sa Feixina se apoya en el procedimiento administrativo y en el blindaje que otorga la legislación de Patrimonio Histórico. Los recurrentes recuerdan al Ejecutivo que tanto la Constitución Española como la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares obligan a los poderes públicos a la conservación de estos elementos.

«Los poderes públicos promoverán, por todos los medios a su alcance, la conservación, la consolidación y la mejora de los bienes integrantes del patrimonio histórico de titularidad pública y privada», recuerdan los recurrentes.

Propuesta de persona 'non grata'

El escrito ya anuncia formalmente la intención de «interponer el pertinente recurso contencioso-administrativo» si el Ministerio persiste en su intención de derribar el monolito.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley para defender este monumento. La iniciativa, firmada por el diputado balear Jorge Campos, exige al Ejecutivo que deje sin efecto esa resolución.

«Personalmente, llevo más de 10 años en la lucha por proteger, no sólo el monumento, que es patrimonio de todos, sino también la memoria de los fallecidos en el Crucero Baleares. Ahora toca llevar esta lucha al Congreso de los Diputados, ante el empeño del gobierno socialista en derribarlo al más puro estilo talibán, incluso estando catalogado y protegido por sentencia judicial», ha declarado Jorge Campos, diputado de Vox por Baleares.

Paralelamente, Vox ha registrado una proposición en el Ayuntamiento de Palma para blindar el monumento de Sa Feixina y, de paso, señalar directamente al brazo ejecutor de la piqueta ideológica de Pedro Sánchez. La proposición, que se debatirá en el pleno del próximo día 30, exige declarar persona non grata al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López como respuesta directa al último zarpazo del Gobierno de Pedro Sánchez. Vox recuerda que este monolito ignorando el blindaje que el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares han otorgado al conjunto.