El Ejecutivo central ha incluido el monumento en el Catálogo de Símbolos y Elementos Contrarios a la Memoria Democrática
'Casus belli' Sa Feixina: Moncloa desafía al poder judicial para imponer su relato 'guerracivilista'
Ignora cinco sentencias firmes y el blindaje del Supremo e insiste en incluir el monumento de Palma en su «lista negra» de la memoria democrática. Fuentes jurídicas advierten de que «bordea la prevaricación administrativa»
El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a sacar el rodillo de la memoria histórica para colocar a Sa Feixina en su particular lista negra. Le ha bastado una resolución administrativa para ignorar lo que el Tribunal Supremo, el TSJ de Baleares y tres juzgados de lo contencioso llevan años diciendo: que este monolito, levantado en 1948 en memoria de los fallecidos en el crucero franquista Baleares, es un Bien Catalogado y está blindado por la Justicia. El Gobierno ignora deliberadamente que Sa Feixina es hoy, por sentencia judicial, un símbolo de reconciliación.
La decisión, firmada por el secretario de Estado Fernando Martínez López, ha caído como un jarro de agua fría en Baleares y en los sectores jurídicos, que alertan de que esta maniobra supone un desacato frontal a la «verdad judicial» establecida durante la última década. Al decretar la demolición encubierta del monumento de Sa Feixina, Moncloa se salta por encima un muro de cinco sentencias firmes y un tratado internacional que blindan el monolito de Palma como patrimonio intocable.
Mientras el Ministerio de Política Territorial insiste en el carácter «frentista» del monumento, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ya sentenció en 2021 que el monolito recuperó su «finalidad originaria» de homenaje tras ser despojado de la simbología franquista en 2010. Lo hizo precisamente la ex alcaldesa de Palma, la socialista Aina Calvo, hoy secretaria de Estado de Seguridad.
El Gobierno fundamenta su decisión en una interpretación política que los tribunales ya han desmontado punto por punto. La sentencia 293/2019 del Juzgado de lo Contencioso 6 de Madrid fue taxativa al indicar que en el hundimiento del crucero murieron «españoles de ambos bandos». Este hecho, elevado a «verdad judicial», convierte el intento de derribo en un agravio a las propias víctimas que la Ley de Memoria dice proteger.
Incluso figuras históricas del socialismo, como Francisca Sauquillo, reconocieron en su etapa al frente del Comisionado de Memoria de Madrid que el suceso del Baleares trascendía la división ideológica, al tratarse de marineros de reemplazo que cumplían el servicio militar obligatorio. El Gobierno, sin embargo, prefiere el «borrado» de la historia al respeto de los hechos probados.
El blindaje de Granada
Expertos juristas consultados por este diario advierten de que la resolución de la Secretaría de Estado no sólo vulnera el artículo 118 de la Constitución, que obliga a cumplir las sentencias firmes sino que entra en colisión directa con el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa (Granada, 1985).
Este tratado internacional, que prevalece sobre el derecho interno, obliga a España a proteger estructuras de destacado interés histórico y artístico, condiciones que la Real Academia de la Historia y la de Bellas Artes de San Fernando ya han ratificado para Sa Feixina.
Paradójicamente, el Gobierno parece incumplir su propia Ley 20/2022 de Memoria Democrática. El artículo 35.6 de dicha norma excluye de la retirada aquellos elementos donde «concurran razones artísticas o arquitectónicas protegidas por la ley», precisamente el blindaje que los tribunales han otorgado al monolito de Palma.
En 2020, la justicia balear declaró el monolito como Bien Catalogado, otorgándole una de las máximas protecciones de la Ley autonómica balear. El Tribunal Supremo cerró el debate al inadmitir los recursos de las entidades que pedían el derribo, otorgando a la permanencia del monumento el valor de cosa juzgada.
Habiendo declarado el TSJB que Sa Feixina es un Bien Catalogado, cualquier intento de «despiece» o traslado —técnicamente imposible sin su destrucción— choca con la legalidad internacional.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas advierten de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está bordeando la prevaricación administrativa, tipificada en el artículo 322 del Código Penal para aquellos funcionarios que resuelvan a favor del derribo de edificios protegidos «a sabiendas de su injusticia». Afirman que la maniobra de Memoria Democrática sienta un precedente inquietante con una administración utilizando su potestad para anular los efectos de la cosa juzgada.
Un precedente peligroso
Si el Ayuntamiento de Palma, en manos del PP, logra paralizar la resolución en los tribunales —como ya ha anunciado que intentará—, el Gobierno de Sánchez se enfrentará a un nuevo varapalo judicial por intentar imponer su agenda ideológica sobre el patrimonio civil y la paz social ya sellada en 2010.
En 2010 se resignificó. Lo hizo la entonces alcaldesa socialista Aina Calvo. Se borraron el águila imperial, los yugos y las flechas. También desapareció la proclama a la «Marina Nacional» para dar paso a una placa de consenso: un recordatorio de los marineros fallecidos y un símbolo contra el horror de las guerras y las dictaduras. «Símbolo de la voluntad democrática de no olvidar nunca los horrores de las guerras», reza la placa. Una voluntad que el Gobierno parece dispuesto a demoler para alimentar su guerracivilismo militante.
