Los técnicos no hallan rastro del «acuerdo» de la izquierda para pagar 2,2 millones a Amadiba en Ibiza

El informe interno del Consell de Ibiza sobre el caso Amadiba pone en cuestión una de las bases de la versión de la entidad en su reclamación del pago de una supuesta deuda de 2,2 millones de euros: la existencia de un supuesto acuerdo político para implantar una red de servicios sociales en la isla. Según la versión de la asociación, la decisión de desplegar estos servicios en Ibiza habría sido fruto de varias reuniones mantenidas en 2016 con responsables políticos de la institución insular.

En concreto, Amadiba asegura que presentó su propuesta a la entonces consellera de Bienestar Social Lydia Jurado (Podemos) y que, posteriormente, esta iniciativa fue trasladada al entonces presidente del Consell de Ibiza, Vicent Torres (PSOE), quien habría dado su visto bueno.

El informe, redactado por tres altos funcionarios de la institución, recoge esta versión y detalla que la entidad afirma haber mantenido una reunión con la consellera en abril de 2016 y otra posterior con el presidente del Consell, en la que, según su propio relato, «se aprueba la creación de la red de servicios sociales de Amadiba» (página 17 del informe).

Un acuerdo que no consta

Sin embargo, el documento pone en cuestión de forma expresa esta interpretación de los hechos. En primer lugar, advierte de que resulta llamativo que se hable abiertamente de un «acuerdo» sin que exista constancia formal del mismo dentro de los procedimientos administrativos exigidos. En este sentido, el informe subraya que será necesario determinar «quién y cómo se encargaron» los servicios y si realmente existió un encargo por parte del Consell (página 12 del informe).

El propio texto insiste en que la actuación de la Administración debe ajustarse en todo momento a la legalidad vigente y recuerda que no basta con la existencia de reuniones o entendimientos políticos para generar obligaciones económicas o contractuales. Y subraya en este sentido que la Constitución Española establece que la Administración pública está obligada a actuar «con sumisión plena a la Ley y al Derecho».

El informe también cuestiona el origen de la iniciativa de Amadiba de ofrecer al Consell la implantación de su red en Ibiza. La entidad justificaba esta oferta por un supuesto aumento de las derivaciones de usuarios de Ibiza a sus instalaciones en Mallorca. Sin embargo, el informe señala que «no hubo ningún aumento de derivaciones de personas usuarias por parte de esta Corporación hacia su entidad» en el momento de los hechos (pág. 15 del informe).

Según este informe, sí existieron las reuniones entre los responsables políticos de los servicios sociales insulares de Ibiza y los de Amadiba. Pero no estaría acreditado que de estas reuniones surgiera un acuerdo válido legalmente para que la entidad se implantara en la isla.

La deuda sigue creciendo

Esta falta de respaldo administrativo es clave en el caso porque, según el propio informe, supone que el Consell Insular de Ibiza podría haber abierto la puerta a Amadiba en la isla sin seguir los procedimientos legales correspondientes. Algo que complica enormemente la reclamación millonaria de Amadiba a la institución insular, que aún está pendiente de resolución por parte del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. La deuda sigue creciendo por la generación de intereses.

El informe deja de este modo en el aire la principal incógnita del caso: si realmente existió un encargo formal por parte del Consell o si, por el contrario, se trató de un entendimiento político informal sin cobertura legal.