PSOE y Podemos cedieron pisos públicos del Consell de Ibiza a la empresa Amadiba para facilitar su implantación

El informe interno del Consell de Ibiza sobre el caso Amadiba, redactado por tres altos funcionarios, revela que la institución insular puso a disposición de la entidad varios pisos de titularidad pública para facilitar la implantación de sus servicios en la isla. Los hechos sucedieron bajo el anterior Gobierno insular del socialista Vicent Torres y con Lydia Jurado (Podemos) al frente de Bienestar Social.

En concreto, el documento recoge que a finales de junio de 2017 el Consell proporcionó a Amadiba varios inmuebles ubicados en la calle González Abarca, en Ibiza, que fueron utilizados por la asociación hasta marzo de 2020, tal y como figura en la página 10 del informe.

Esta cesión de recursos públicos se produjo en paralelo al desarrollo de los servicios que posteriormente serían objeto de contratación, lo que introduce serias dudas sobre las condiciones en las que la entidad accedió al sistema público de atención social en la isla.

Una «posición privilegiada»

De hecho, la propia Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, puesta en marcha por el anterior Govern de la socialista Francina Armengol, llegó a advertir de la existencia de una «posición privilegiada» a favor de Amadiba vinculada a la cesión de uno de estos inmuebles.

Según recoge este informe, la Oficina Anticorrupción cuestionó expresamente que se facilitara a la entidad el denominado «piso Rosa», lo que le habría situado en una posición de ventaja en el acceso al contrato frente a otros posibles operadores, como se destaca en la página 11 del informe.

El informe también recoge que la propia Amadiba habría dejado ver en documentos presentados ante el Consell que «había unas condiciones claras para beneficiarla». Y citaba que que se pondría a su disposición unas viviendas en un edificio propiedad del Consell, al que denominan de carreteras, así como la vivienda denominada piso Rosa, también propiedad del Consell. Además, se les enseñarían estos inmuebles para que Amadiba eligiera las viviendas que les podían ir bien para implantar los servicios propuestos. Algo que los autores del informe consideran «muy revelador», como se explica en la página 19 del informe.

La Oficina Anticorrupción, además, también subrayó que estas condiciones de ventaja, derivadas de la cesión directa del inmueble, deberían haber estado disponibles para cualquier proveedor que quisiera concurrir al procedimiento de selección, reforzando así la idea de un posible trato de favor.

Sobre esta cuestión, los autores del informe señalan: «A este trato de favor, a esta ventaja provocada por esta cesión de hecho, después se le quiere sacar otro provecho porque se quería adjudicar a Amadiba un contrato negociado sin publicidad por exclusividad para hacer un servicio en estos pisos, incluso alegando que era la única entidad que lo tenía en Ibiza (…) fue la propia Administración la que le facilitó los inmuebles. ¿De verdad alguien piensa que está permitido por el ordenamiento jurídico contratar con alguno por exclusividad cuando esta situación de prevalencia y privilegio ha sido generada por la propia Administración pública?».

Posible fraude

Para los autores del documento, esta conducta podría ser considerada un «fraude en la Administración pública por parte de autoridades o funcionarios». Un delito tipificado, recuerdan, en el artículo 436 del Código Penal. También consideran que podría tratarse, en su opinión, de un presunto delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios (art. 439 del Código Penal). Algo de lo que «fueron advertidos por la Secretaria los responsables políticos del momento».

Aunque el informe no establece de forma concluyente que la cesión de los pisos determinara la adjudicación de los servicios, sí apunta a que esta actuación pudo alterar las condiciones de competencia entre entidades interesadas. Un factor que se suma a otras irregularidades detectadas en la relación entre el Consell y Amadiba durante la legislatura 2015-2019, como la falta de tramitación administrativa en algunos contratos o la prestación de servicios al margen de los procedimientos legales.

Juicio oral

Como ha ido informando este diario, durante la pasada legislatura y bajo el gobierno de izquierdas (PSOE y Podemos, 2015-2019) se contrató a la empresa Amadiba para la gestión de recursos sociales clave. Sin embargo, en lugar de acudir al farragoso pero legal camino del concurso público, la publicidad y la concurrencia, el Consell optó presuntamente por un «traje a medida». Cuando en 2019 llegó el PP al poder, encontró una factura por pagar que ya suma 2,2 millones de euros -y sigue generando intereses- y que ningún funcionario con firma se atreve a firmar porque tienen muchas dudas sobre su legalidad.

Este caso, que ya ha provocado la apertura de juicio oral contra la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado (Podemos), por un presunto delito de prevaricación, dibuja un escenario de presunta «confabulación» y desprecio por los procedimientos administrativos.

Bajo el mandato de Jurado, se habrían adjudicado servicios «a capón», según describen fuentes conocedoras del expediente. Durante años, los pagos se fueron sorteando mediante reconocimientos extrajudiciales de deuda o esquivando las advertencias de la Intervención. El problema estalló cuando los técnicos se negaron a darle el plácet. La factura sigue engrosando por los intereses.