Francina Armengol, durante su mandato como presidenta de Baleares
La Oficina Anticorrupción de Armengol detectó irregularidades en el caso Amadiba pero solo propuso sanciones disciplinarias
El organismo, que fue cerrado con el cambio de gobierno de 2023, acreditó una «posición privilegiada» de la entidad, pero no dio traslado a la Fiscalía
La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, dependiente del Govern balear que presidía la socialista Francina Armengol, detectó irregularidades en la actuación del Consell Insular de Ibiza en su relación con la entidad Amadiba y propuso exigir responsabilidades «disciplinarias» a los responsables públicos.
Así lo recoge el informe interno del Consell Insular de Ibiza sobre este caso, que incorpora las conclusiones de la investigación realizada por la Oficina Anticorrupción en el expediente 18/2019. Según este documento, el organismo autonómico analizó una denuncia en la que se ponían de manifiesto posibles actuaciones irregulares del anterior equipo de Gobierno del Consell -formado por PSOE y Podemos- en favor de Amadiba.
En concreto, se señalaba la intención de conceder a la entidad «una posición de exclusividad» frente a otras organizaciones, así como la posibilidad de que se le hubieran adjudicado contratos de forma directa (pág. 11 del informe) .
El informe también recoge que la Oficina Anticorrupción consideró que la gestión del Consell ibicenco, presidido por el socialista Vicent Torres en el momento de los hechos, habría podido vulnerar el ordenamiento jurídico en la ejecución del gasto público, al margen de los procedimientos establecidos. En este sentido, concluyó que el propio Departamento de Bienestar Social, dirigido por Lidia Jurado, de Podemos, fue el responsable de la infracción. Aunque sí admitió que la necesidad del servicio existía.
Responsabilidades disciplinarias
Entre sus conclusiones, la Oficina fue especialmente clara al proponer la exigencia de «responsabilidades disciplinarias» a la persona titular del órgano de contratación por la posible «adjudicación irregular de un contrato» sin las formalidades exigidas por la ley y «sin disponer de crédito adecuado y suficiente», como se explica en la página 11 del informe técnico.
El mismo organismo también planteó exigir responsabilidades por incumplimiento de la normativa de transparencia y recomendó al Consell estudiar la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito para abordar el conflicto económico con la entidad.
Otro de los aspectos más llamativos de la investigación es que la Oficina Anticorrupción apuntó a que la propia Amadiba habría tenido un papel activo en el diseño de los servicios que posteriormente debía contratar el Consell, lo que refuerza la hipótesis de una relación privilegiada entre ambas partes: «La Oficina no cuestiona la implantación de Amadiba en la isla de Ibiza. Sí que se cuestiona la posición privilegiada al cederle el piso a Rosa y así poder acceder en exclusividad al contrato. Estas condiciones de ventaja con la cesión del piso de manera directa habrían sido puestas a disposición de cualquier proveedor capacitado para presentarse al procedimiento de selección».
No apreció indicios suficientes de delito
Pese a la contundencia de las conclusiones de la Oficina Anticorrupción del Govern de Francina Armengol, este organismo se limitó a proponer sanciones disciplinarias, a diferencia de otros casos en los que sí remitió sus informes y conclusiones a Fiscalía. En este apartado, el informe recoge que la Fiscalía había archivado diligencias (18/20) relacionadas con el caso al no apreciar indicios suficientes de delito, aunque el informe no precisa si estas diligencias guardan relación directa con la investigación de la Oficina Anticorrupción (pág. 11 del informe).
Así las cosas, la actuación de la Oficina Anticorrupción de Armengol se saldó únicamente con la identificación de posibles irregularidades administrativas y la propuesta de sanciones disciplinarias.
Sin embargo, a pesar de esta tibieza en sus propuestas, lo cierto es que las conclusiones del organismo autonómico refuerzan la tesis de que la relación entre el Consell Insular de Ibiza y Amadiba durante la legislatura 2015-2019 pudo desarrollarse al margen de los procedimientos habituales de contratación pública.
