Antònia Estarellas: «Baleares es la nueva Canarias y el 60 % de quienes se dicen menores son adultos»

La vicepresidenta segunda del Govern balear y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, analiza en El Debate el avance de la ruta migratoria hacia el archipiélago, denuncia la falta de información y recursos por parte del Gobierno central y advierte del impacto que la inmigración irregular está teniendo sobre los servicios públicos y los menores tutelados en las Islas: Formentera, con 11.000 vecinos, tutela a 150 inmigrantes.

Pregunta. ¿En qué momento se encuentra Baleares respecto a la inmigración irregular por vía marítima?

Respuesta. Nosotros llevamos ya más de un año reivindicando que se ha consolidado una ruta migratoria marítima hacia las Islas Baleares. Antes, el destino principal era Canarias, pero ahora Baleares se ha convertido también en un punto de llegada importante. Los datos son muy claros: mientras la ruta canaria ha descendido más de un 73%, la ruta hacia Baleares ha aumentado un 13,6%.

Además, observamos con mucha preocupación que las embarcaciones son cada vez mayores y transportan a más personas. Antes llegaban pateras con cuatro, cinco o seis ocupantes; ahora algunas superan las veinte o treinta personas. Es un fenómeno que nunca habíamos visto en Baleares y que demuestra una clara profesionalización de las mafias.

Todos estos indicadores ya los observábamos durante 2025, pero los datos acumulados hasta mayo de 2026 apuntan a que el fenómeno seguirá creciendo de forma exponencial. Si el año pasado ya duplicamos las llegadas respecto al ejercicio anterior, este año todo indica que volverán a aumentar.

P. ¿Cuál es el principal problema que genera esta situación?

R. El gran drama es que las islas menores, especialmente Ibiza y Formentera, se están convirtiendo en puntos de recepción de estas llegadas. Lo primero que reclamamos son datos. Queremos saber qué está haciendo el Gobierno de España respecto a esta ruta migratoria, quién llega, qué controles se realizan, quién permanece en las islas, quién se marcha y cuáles son las nacionalidades de los migrantes.

Existe un desconocimiento absoluto de información que después acaba teniendo consecuencias directas para las instituciones de Baleares. También nos preocupa especialmente la situación de los menores no acompañados. Como saben, son responsabilidad de las comunidades autónomas y, en nuestro caso, de los consells insulares, que tienen transferida esa competencia.

Actualmente se tutelan más de 700 menores. En algunos casos, esta situación supone un enorme esfuerzo presupuestario para las instituciones insulares. Formentera, con una población de apenas 11.000 habitantes, tutela aproximadamente a 150 menores. Basta con observar las cifras para entender la dimensión del problema.

P. El Govern ha mantenido una posición muy crítica con las políticas migratorias del Gobierno central.

R. Hemos recurrido e impugnado todos los decretos que se han ido aprobando en relación con esta crisis migratoria. Son normas pensadas fundamentalmente para Canarias, pero que no han tenido en cuenta la realidad de Baleares.

Nosotros llevamos tiempo advirtiendo de que Baleares puede convertirse en las próximas Canarias desde el punto de vista migratorio. Hemos presentado recursos, remitido cartas a los ministerios competentes y reclamado cambios. Incluso tuvo que venir una ministra para reconocer algo que considerábamos evidente: que no tiene sentido incluir a Baleares en determinados repartos de menores cuando nosotros mismos somos una ruta de entrada y recibimos menores que pasan a ser inmediatamente responsabilidad de los consells insulares.

Ahora también observamos con preocupación la regularización masiva planteada por el Gobierno. Se está haciendo sin datos, sin consenso y sin contar realmente con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos. Esto supondrá más presión demográfica sobre unas islas que ya están muy tensionadas.

P. ¿Hay efecto llamada?

R. Por supuesto. Hemos constatado que inmigrantes, nada más llegar a tierra, preguntan dónde tienen que entregar la documentación. Evidentemente existe un efecto llamada. Nos preocupa el incremento de población que puede derivarse de estas políticas, así como la presión sobre los servicios públicos. No se trata solo de las personas que llegan, sino también de los procesos posteriores de regularización y reagrupación familiar. Pero, sobre todo, me preocupa la absoluta desconexión institucional que existe en este asunto.

P. Hay un gran desconocimiento en la Península sobre esta realidad. ¿Quién paga el coste de las pateras en Baleares?

R. Depende de dónde se produzca la llegada, pero lo pagan la comunidad autónoma, los consells insulares o los ayuntamientos. No lo paga el Estado. La retirada de las embarcaciones tiene un coste importante porque requiere contratar empresas especializadas para su desguace y tratamiento. Todo eso lo asumen las administraciones locales y autonómicas. Por eso sorprenden determinadas declaraciones que aseguran que nunca se ha atendido tan bien a los inmigrantes como ahora, mientras al mismo tiempo Guardia Civil y Policía Nacional reclaman más medios y denuncian situaciones de precariedad.

P. Hace poco el ministro Marlaska aseguró que la situación se estaba estabilizando e incluso que podía apreciarse una tendencia a la baja.

R. Me pareció una valoración excesivamente optimista. Precisamente lo dijo en el territorio que actualmente está más tensionado por el fenómeno migratorio. Uno puede transmitir un mensaje de tranquilidad o de gestión, pero también debe reconocer la realidad. Y la realidad es que existe una ruta migratoria que está creciendo y que requiere medidas específicas.

P. ¿Qué ocurre con Frontex? ¿En qué punto se encuentra esa cuestión?

R. Hubo una reunión con responsables de Frontex y lo primero que trasladaron es que no existe un dispositivo específico para Baleares. Nos explicaron que actúan conforme a los planes que les solicita el Gobierno de España. Es decir, si el Gobierno español destina más recursos y solicita un operativo específico para Baleares, Frontex lo atenderá. Pero actualmente no existe ese dispositivo. Quedó claro que no basta con que algún avión sobrevuele ocasionalmente las islas. Estamos hablando de una ruta migratoria en la que hay mafias, fallecidos y auténticos dramas humanos. Hace apenas unos días aparecieron tres cadáveres en muy poco tiempo, entre ellos el de una mujer embarazada. Por eso insistimos en que no existe una política migratoria eficaz por parte del Gobierno de España y que las consecuencias las están pagando las comunidades autónomas, especialmente Baleares.

P. España ha sido el único país que ha votado en contra del pacto migratorio europeo.

R. Sí, y resulta difícil de entender cuando España es una de las principales puertas de entrada migratoria a Europa. Ese pacto buscaba establecer criterios comunes en materia de inmigración y asilo para todos los Estados miembros.

P. Una de las medidas adoptadas por el Govern ha sido la realización de pruebas dentales para determinar la edad de los migrantes. ¿Qué resultados han dado?

R. Nosotros siempre hemos defendido que estas pruebas son una medida de protección del menor. No puede ocurrir que personas adultas convivan en centros con menores de edad haciéndose pasar por adolescentes. Por tanto, el objetivo es doble: proteger a los menores reales y garantizar que el sistema funcione con rigor. Nosotros defendemos orden, legalidad y datos. Hay que saber quién entra y quién sale para poder tomar decisiones.

P. ¿Se mantiene el porcentaje de casos en los que se demuestra que quienes decían ser menores eran realmente mayores de edad?

R. Sí, aproximadamente se mantiene en torno al 60%. Son datos que evidencian la necesidad de establecer mecanismos de control.

P. El delegado del Gobierno suele argumentar que muchas de estas personas continúan viaje hacia otros territorios.

R. Ese argumento no resuelve el problema. Decir que no se quedan aquí y que se van denota el poco respeto que siente por esas personas.