Cristina Gil (PP) durante una intervención en el Parlament
Crisis política nacional
El Parlament exige elecciones generales ya y un proceso de regeneración democrática
La Cámara denuncia el «deterioro de la confianza pública y el descrédito institucional»
La Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament ha exigido al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que convoque elecciones inmediatamente ante la «extrema gravedad institucional y política» derivada de las últimas investigaciones policiales.
Los votos a favor de PP y Vox han permitido que saliera adelante una proposición no de ley (PNL) de los 'populares', defendida por la diputada Cristina Gil, según ha informado la Cámara autonómica en una nota de prensa.
Con los votos a favor de PP, Vox, Més e Idoia Ribas, la Cámara insta al Gobierno a asumir las responsabilidades políticas correspondientes ante el «deterioro de la confianza pública y el descrédito institucional».
Además, entre otros puntos, la PNL pide el impulso de un proceso de regeneración democrática e institucional basado en la transparencia, la ejemplaridad pública, la rendición de cuentas, la despolitización de las instituciones y la defensa efectiva de la separación de poderes.
Finalmente, todos los grupos menos el PSIB han votado a favor de promover reformas legales para reforzar los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción política; reafirmar su compromiso con una política «limpia, ejemplar y al servicio exclusivo del interés general»; y defender la ejemplaridad institucional como principio esencial de la democracia.
En defensa de la igualdad
La Comisión ha debatido otra PNL, en este caso de los socialistas y defendida por el diputado Omar Lamin, que ha sido rechazada parcialmente.
Entre los puntos que han sido aprobados, con los votos favorables de todos los grupos salvo Vox, el Parlament ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas en Baleares, independientemente de su nacionalidad u origen.
También ha instado al Govern, a los consells insulares y a los ayuntamientos a apostar por el desarrollo de planes de acogida y de integración de proximidad que fomenten la convivencia y participación social, económica y cultural de los migrantes.
Prioridad nacional
Por otro lado, PP, Vox e Idoia Ribas han rechazado oponerse a la «discriminación institucional y la denominada «prioridad nacional» y poner en valor la política social del Gobierno de España.
Estos grupos también han tumbado apoyar la regularización extraordinaria de personas migrantes y oponerse a las «barreras temporales de acceso a recursos públicos», como la exigencia de tres años de residencia para acceder a la renta social garantizada.
