El Gobierno despacha con un copia y pega de «error administrativo» el mayor escándalo público-laboral en Baleares

A finales de abril, El Debate destapó el mayor escándalo laboral conocido en la Administración General del Estado en Baleares: una setentena de empleados públicos que habían estado trabajando semanas (algunos, meses) sin figurar dados de alta en la Seguridad Social, es decir, sin cotizar. En negro. Pues bien, casi dos meses después, el Gobierno de Pedro Sánchez ha despachado la polémica con apenas dos párrafos y una explicación: todo se debió a un «error administrativo».

Así se desprende de la respuesta remitida por el Ejecutivo a la batería de preguntas registradas en el Congreso por los diputados del Partido Popular por Baleares, encabezados por el ibicenco Vicente Marí Bosó, quienes solicitaron explicaciones sobre uno de los episodios más comprometidos para el Ministerio de Justicia de los últimos años en las Islas. Según ha podido saber este periódico, los diputados populares reclamaron al Ejecutivo explicaciones sobre múltiples aspectos de la polémica. En primer lugar, quisieron conocer si el Gobierno tenía constancia de que funcionarios de la Administración de Justicia en Baleares estaban desempeñando su trabajo sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social, desde cuándo se producía esa situación y cuántos empleados públicos se encontraban afectados.

Asimismo, preguntaron qué actuaciones había llevado a cabo el Ministerio de Justicia para depurar posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias derivadas de la falta de alta de estos trabajadores y qué medidas urgentes pensaba adoptar para regularizar su situación.

Los parlamentarios también se interesaron por las iniciativas previstas para evitar que volvieran a producirse episodios similares en futuros procesos de estabilización de empleo público, especialmente después de que algunas de las plazas ocupadas continuaran figurando como vacantes y llegaran incluso a ofertarse de nuevo.

Junto a ello, los representantes baleares del PP dirigieron varias cuestiones al Gobierno sobre la situación laboral en los juzgados de las Islas. En concreto, solicitaron información sobre las medidas implantadas para prevenir riesgos laborales y psicosociales derivados de la sobrecarga de trabajo y la insuficiencia de medios materiales denunciada por los funcionarios.

Finalmente, reclamaron explicaciones acerca de cómo pensaba garantizar el Ejecutivo la restitución íntegra de los derechos laborales y de Seguridad Social de los afectados, incluyendo el reconocimiento de antigüedad, cotizaciones y cualquier posible perjuicio ocasionado por esta situación irregular.

La sorpresa llegó al conocerse la respuesta remitida por el Ejecutivo el pasado 11 de junio. Lejos de contestar de forma individualizada a cada una de las cuestiones planteadas, el Gobierno optó por remitir exactamente el mismo texto para las seis preguntas formuladas por los diputados populares, lo que demuestra el nulo ánimo de dar explicaciones claras acerca del asunto. Un 'copia y pega', corto y por la superficie:

«En relación con las preguntas formuladas por Sus Señorías, se informa de que, en el proceso de incorporación de quienes superaron la convocatoria de estabilización del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, se produjo un error administrativo en la presentación de las solicitudes de afiliación y alta de algunas de las personas que obtuvieron destino definitivo. La Gerencia Territorial de Illes Balears procedió a subsanar la incidencia con la mayor celeridad posible".

Por otro lado, respecto a las iniciativas relacionadas con la prevención de riesgos laborales, en especial en materia de salud psicosocial, cabe señalar que en 2025 se realizó una Evaluación de Riesgos psicosociales, utilizando la metodología FPSICO de factores psicosociales versión 4.1 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) con una participación del 27,6 % de la plantilla. Próximamente está prevista su repetición, tratando de conseguir que haya una mayor participación.

Y eso es todo. Ni una sola referencia al número de afectados. Ninguna explicación sobre cuánto tiempo permanecieron trabajando sin cotizar. Ninguna aclaración sobre si se han abierto expedientes para determinar responsabilidades. Ningún detalle sobre la actuación de la Inspección de Trabajo, que llegó a intervenir tras las denuncias presentadas desde Baleares. Tampoco una sola línea acerca de cómo se garantizará la restitución íntegra de los derechos laborales y de Seguridad Social de los trabajadores afectados. Patada adelante y fuera.

En Inspección de Trabajo

La controversia estalló el pasado 24 de abril cuando El Debate reveló que varios funcionarios de la Administración de Justicia destinados en Baleares estaban trabajando sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social tras incorporarse a sus puestos dentro de los procesos de estabilización impulsados por el Ministerio de Justicia.

Las primeras informaciones apuntaban a graves problemas administrativos en la Gerencia Territorial de Justicia. Según denunciaron entonces fuentes del sindicato CSIF, la falta de medios habría impedido tramitar correctamente las altas de los trabajadores, generando una situación que calificaron de «absolutamente anómala», ya que era la propia Administración la que estaba incumpliendo unas obligaciones que exige de forma rigurosa a empresas y ciudadanos.

Con el paso de los días fueron apareciendo nuevos datos que ampliaban el alcance de la irregularidad. Las denuncias sindicales situaban el número de afectados en torno a setenta trabajadores entre personal estabilizado e interino. Algunas fuentes elevaban incluso esa cifra hasta acercarse al centenar.

La situación tenía además una derivada especialmente llamativa. Según denunciaron los representantes sindicales, algunas de las plazas ocupadas por estos funcionarios continuaban figurando como vacantes en los sistemas administrativos del Ministerio, llegando incluso a ofertarse nuevamente pese a encontrarse ya cubiertas.

Más allá de la irregularidad administrativa, el problema generó una enorme preocupación entre los trabajadores afectados. Durante semanas muchos desconocieron cuál era exactamente su situación laboral y qué ocurriría si sufrían un accidente de trabajo o cualquier contingencia profesional mientras no constaban correctamente dados de alta.

Uno de los casos más llamativos fue el de una funcionaria que, según las denuncias conocidas entonces, habría permanecido 48 días trabajando sin figurar en la Seguridad Social. Otros empleados denunciaron igualmente semanas de incertidumbre y falta de información.

La publicación de las informaciones provocó una rápida reacción administrativa. Apenas unos días después comenzaron a tramitarse altas con carácter retroactivo para parte de los afectados. Fuentes sindicales señalaron entonces que numerosos trabajadores recibieron las notificaciones de alta coincidiendo precisamente con la difusión pública del caso.

Aquella regularización acelerada alimentó las críticas de quienes consideraban que la Administración había reaccionado únicamente cuando el asunto se convirtió en un escándalo político y mediático.

La polémica terminó alcanzando también al ámbito institucional. El Govern balear exigió explicaciones al delegado del Gobierno en las Islas, Alfonso Rodríguez Badal, -que nunca ha reaccionado a la noticia-, mientras la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, calificaba lo sucedido de «escándalo descomunal». Su departamento decidió trasladar los hechos a la Inspección de Trabajo ante la posible existencia de irregularidades laborales que afectaban a empleados públicos dependientes de la Administración de Justicia. Allí sigue el expediente.