«El Ministerio de Bolaños ha tenido trabajadores sin cotizar durante meses y alguien debe asumir responsabilidades»

La polémica por la situación de decenas de funcionarios de Justicia en Baleares que desempeñaron su trabajo sin aparecer correctamente dados de alta en la Seguridad Social sigue generando interrogantes. Mientras la Inspección de Trabajo mantiene abierto el expediente y el Gobierno atribuye lo ocurrido a una incidencia administrativa ya corregida, el Partido Popular denuncia falta de transparencia y reprocha al Ejecutivo no haber aclarado el alcance real de los hechos ni las responsabilidades derivadas de ellos. El Debate habla con José Vicente Marí Bosó, diputado del PP por Baleares, sobre las explicaciones ofrecidas por el Gobierno y las medidas que su partido reclama tras el caso.

Pregunta: ¿Cómo valora el Partido Popular las respuestas del Gobierno a sus preguntas parlamentarias sobre la situación de funcionarios del Ministerio de Justicia que trabajaron sin estar dados de alta en la Seguridad Social?

Respuesta: Estamos ante un hecho gravísimo. Resulta difícil de creer que una administración como la Administración General del Estado, y en concreto el Ministerio de Justicia, haya podido incurrir en una situación tan anómala e irregular como tener personal desempeñando sus funciones sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Además, no estamos hablando de una incidencia puntual de unos días, sino de una situación que se prolongó durante prácticamente dos o tres meses. Ante las informaciones publicadas por El Debate, presentamos las correspondientes preguntas parlamentarias para conocer exactamente qué había sucedido y si el Gobierno tenía conocimiento de estos hechos. Preguntamos si el Gobierno sabía qué funcionarios se encontraban en esta situación, cuántos eran, qué actuaciones había llevado a cabo el Ministerio de Justicia para depurar posibles responsabilidades, qué medidas se habían adoptado para regularizar la situación, qué actuaciones se estaban desarrollando en materia de prevención de riesgos laborales y cómo iba a garantizar el Ejecutivo la restitución de los derechos laborales y de Seguridad Social de los afectados.

Las respuestas que hemos recibido son absolutamente insuficientes. Básicamente, el Gobierno viene a minimizar el problema, como si no hubiera ocurrido nada grave. Incluso se limita a hablar de encuestas de satisfacción realizadas entre los funcionarios sobre las coberturas laborales. En nuestra opinión, esto demuestra un funcionamiento muy anómalo de los servicios públicos que presta el Estado. Lo que llevamos tiempo denunciando es que cada vez se exigen más impuestos a los ciudadanos y, sin embargo, los servicios públicos son peores. En este caso, incluso se ha desprotegido a los propios funcionarios de la Administración General del Estado. Por eso denunciamos la pérdida de calidad de los servicios públicos y exigimos responsabilidades políticas.

P.: Usted ha pedido responsabilidades al delegado del Gobierno en Baleares. ¿Considera insuficiente su actuación?

R.: Sin ninguna duda. Hemos pedido responsabilidades al señor Rodríguez por activa y por pasiva y no ha movido un dedo. No ha dicho nada cuando la indemnización por residencia de los empleados públicos del Estado en Baleares sigue sin actualizarse y tampoco ha reaccionado ante una situación tan grave como que funcionarios del Ministerio de Justicia hayan permanecido sin cobertura de la Seguridad Social durante meses. La respuesta del Gobierno se limita a reconocer que hubo un error y a decir que intentarán solucionarlo con la mayor celeridad posible. Pero estamos hablando de una cuestión muy seria. Si esto ocurriera en una empresa privada, las consecuencias serían inmediatas.

P.: La Inspección de Trabajo tiene el asunto sobre la mesa. ¿Confían en que pueda haber consecuencias?

R.: En cualquier país democrático, occidental y desarrollado, unos hechos de esta gravedad tendrían consecuencias. La primera vía es, evidentemente, la actuación de la Inspección de Trabajo cuando se trata de condiciones laborales, aunque afecten a funcionarios públicos.

El problema es que llevamos años viendo actuaciones del Gobierno de España que se parecen a todo menos a las de un país normal. Aun así, no quiero poner en duda el trabajo de la Inspección de Trabajo. Confiamos en que actúe y adopte las decisiones que correspondan. Nosotros estaremos muy atentos tanto a las conclusiones de la Inspección como a las actuaciones del Ministerio de Justicia y seguiremos exigiendo que se asuman las responsabilidades que correspondan. Y si nadie las asume, deberá hacerlo el delegado del Gobierno.

P.: Hay quien apunta que algunos periodos sin cotización podrían ser imposibles de regularizar por completo. ¿Van a vigilar también esos casos?

R.: Por supuesto. Desde nuestra labor de control parlamentario vamos a estar encima de este asunto para garantizar que los funcionarios afectados vean plenamente restablecidos todos sus derechos laborales y de Seguridad Social. Sería aún más grave que, además de haber sufrido esta situación por la incompetencia del Ministerio, acabaran perjudicados de forma permanente en sus derechos. Vamos a vigilar que eso no ocurra.

P.: En la práctica, ¿estamos hablando de empleados que trabajaron sin cotizar?

R.: Efectivamente. Todo el mundo, empezando por la propia Administración, debe cumplir con sus obligaciones. Cuando una persona trabaja, deben realizarse las correspondientes cotizaciones sociales. Además, durante estos años hemos asistido a continuas subidas de cotizaciones sociales que afectan a empresarios y trabajadores. Por eso resulta todavía más grave que quien tiene la obligación de cumplir y dar ejemplo no lo haga. Si el propio Ministerio incumple con las obligaciones de cotización, estamos ante un problema muy serio que exige explicaciones y responsabilidades.

P.: Las respuestas parlamentarias son todas calcadas, es un copia y pega. ¿Cuál será ahora el siguiente paso del Partido Popular?

R.: Vamos a seguir utilizando todos los instrumentos de control parlamentario a nuestro alcance. Presentaremos iniciativas, proposiciones y mociones para instar al Gobierno a actuar y a asumir responsabilidades. El señor Bolaños debe responder por esta situación y el conjunto del Gobierno también. No vamos a dejar este asunto hasta que se esclarezcan completamente los hechos y se reparen todos los perjuicios causados a los funcionarios afectados.