Santa Eulària reclama en el Senado una moratoria para salvar los chiringuitos amenazados por Costas

Dos órdenes de derribo pesan sobre sendos chiringuitos ubicados en Cala Llonga, en el municipio ibicenco de Santa Eulària. Se trata de los quioscos La Casa on The Beach (Kiosco Pedro) y el Hollywood. Establecimientos que abrieron sus puertas hace casi 50 años pero cuyo futuro pende de un hilo porque la Ley de Costas solo permite ahora en las zonas de dominio público marítimo-terrestre las construcciones desmontables.

La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer (PP), ha llevado la defensa de estos establecimientos hasta el Senado, donde este miércoles se ha debatido una moción impulsada por el Grupo Popular para la conservación de las actividades tradicionales vinculadas al litoral y al patrimonio social, cultural y económico de las zonas costeras. Ferrer ha reclamado una moratoria para establecimientos como los dos quioscos de Cala Llonga, de los que ha dicho que, si se ejecutan las demoliciones ordenadas por el Estado, «no tendrán marcha atrás». «Es vital establecer una moratoria que permita abrir un espacio de diálogo y de reflexión antes de seguir por un camino que amenaza con hacer desaparecer parte de la historia de nuestros pueblos», ha señalado.

Memoria colectiva de Ibiza

Carmen Ferrer ha subrayado que estos chiringuitos «no son una construcción más» para Santa Eulària. Y ha añadido: «Estamos hablando de negocios familiares que llevan décadas formando parte de la vida del municipio, de nuestra oferta turística y de la memoria colectiva de miles de personas. Quien conozca Santa Eulària sabe perfectamente que estamos hablando de elementos que forman parte de nuestra identidad y que merecen un tratamiento distinto al de cualquier otro expediente administrativo».

La alcaldesa ha indicado que es posible defender a la vez la protección del patrimonio tradicional y la del medio ambiente. Algo que debería hacerse con «voluntad política para encontrar puntos de encuentro». «No se puede gestionar el litoral exclusivamente desde una perspectiva burocrática, ignorando la realidad de los municipios que llevan generaciones conviviendo y cuidando su costa», ha asegurado, «lo que pedimos es diálogo, sensibilidad y sentido común».

Rigidez burocrática

Ferrer ha asistido al debate de la moción acompañada de otros alcaldes de municipios costeros que afrontan en estos momentos la misma situación que Santa Eulària. En la Cámara Alta, el senador ibicenco Miquel Jerez (PP) ha asegurado que la reivindicación de estos primeros ediles es «una llamada al sentido común frente a una política basada en la rigidez burocrática». «La presencia en el Senado de alcaldes procedentes de distintos puntos del litoral español demuestra que no estamos ante casos aislados», ha denunciado, «existe una preocupación generalizada por una política de costas que está generando inseguridad jurídica y que amenaza con romper el equilibrio entre la protección ambiental y la preservación de actividades tradicionales que forman parte del patrimonio de nuestras costas».

Jerez, finalmente, ha señalado que la moratoria que reclaman estos municipios es una medida destinada a evitar «daños irreparables». Pero ha recordado que «la solución definitiva» a este problema es «reformar la Ley de Costas». De ahí que haya calificado como «fundamental» que el Congreso de los Diputados tramite la proposición de ley presentada por el PP con este objetivo. Una propuesta que «permitirá aportar seguridad jurídica, reconocer las singularidades de los municipios costeros y proteger actividades tradicionales que forman parte de nuestro patrimonio social y económico».